El viceportavoz popular lamentó ayer que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, consienta que el Gobierno de la Junta niegue a Córdoba 5,8 millones de euros para este ejercicio que le corresponden por ley de su participación en ingresos de la comunidad autónoma andaluza (Patrica). El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, califica de «nuevo revés y grave perjuicio económico para Córdoba que el PSOE, con el apoyo de Ciudadanos en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2018, hayan rechazado la enmienda del Grupo Popular para que los Presupuestos de la Junta destinaran a los ayuntamientos los recursos que le corresponden». Fuentes apuntó que «este incumplimiento de una ley, aprobada en el año 2010 para dotar de más financiación a los ayuntamientos andaluces de manera progresiva, supone un mazazo a las arcas municipales y una pérdida de ingresos de 5,8 millones de euros para el Ayuntamiento de Córdoba durante 2018, recursos que hacen mucha falta para inversiones en una ciudad abandonada por la Junta». «Sorprende el silencio cómplice de partido de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, ante el reiterado incumplimiento de financiación por parte de la Junta de Andalucía, que desde la aprobación de la ley de financiación ha supuesto un perjuicio económico de más de 32,8 millones para la ciudad de Córdoba», recuerda. El viceportavoz popular señala que la propuesta iba orientada a la descentralización de los recursos que piden todos los ayuntamientos, contemplando que la dotación del fondo de participación de los ayuntamientos se fijara en 600 millones de euros durante 2018, y se aplicara conforme establece la ley aprobada por la Administración autonómica.

Además, señala que es importante contemplar la posibilidad de aumentar esta partida a través de modificación presupuestaria, hasta los 64,5 millones de euros, y fijar un calendario de pago para ir compensando el perjuicio económico sufrido por el Ayuntamiento de Córdoba, que se eleva por encima de los 32 millones de euros. Fuentes sostiene que «es poco ejemplarizante que el mismo Gobierno autonómico que aprueba una ley no la cumpla por sistema».