El concejal del Partido Popular, Salvador Fuentes, ha advertido de la posible «avalancha de recursos» y reclamaciones que puedan hacer los ciudadanos cordobeses al acogerse a una sentencia del Tribunal Constitucional que anula el abono de la plusvalía municipal en la venta de inmuebles con pérdidas. En virtud de esta sentencia se podría reclamar lo recaudado por los ayuntamientos españoles en concepto de plusvalías, al no haber habido ganancia en la venta de un inmueble, y pedir la devolución de un impuesto que habría sido por tanto «indebidamente cobrado», explicó ayer Fuentes, que anunció que el PP llevará esta cuestión a la próxima comisión de Hacienda. «Puede abrir un agujero grande en los ayuntamientos», indicó ayer el concejal popular.

Por este motivo, el PP ha pedido al gobierno local la previsión del impacto de esta sentencia en las arcas municipales y en los presupuestos de este año, que prevén recaudar precisamente 16,7 millones de euros en concepto del impuesto de plusvalías (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos). En 2016 se liquidó por este concepto 12,4 millones de euros sobre unas previsiones similares a las de este año. Asimismo Fuentes recomendó al equipo municipal que cree una oficina para atender esta posible avalancha de recursos, que pueden plantearse incluso con carácter retroactivo.

La sentencia del Constitucional ha anulado el impuesto municipal sobre las plusvalías, que en teoría grava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos con ganancias, pero en la práctica es abonado siempre, aunque hayan perdido valor. El fallo se refiere a una norma foral de Guipúzcoa, pero establece como norma general que «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial». La concejala de Hacienda, Alba Doblas, por su parte, considera que el impacto de esta sentencia en Córdoba será «cero», si bien considera «aconsejable» un cambio normativo por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, ya que considera «injusta» la aplicación de este impuesto.