La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a introducir ilegalmente en España a ciudadanos marroquíes. Los inmigrantes eran retenidos en pisos patera hasta que sus familias pagaban la deuda contraída. La investigación, que se inició cuando una de las personas retenidas logró huir, se ha saldado con la captura de 15 personas, que posteriormente fueron puestas en libertad con cargos.

Las víctimas cruzaban la frontera ocultas en camiones en el puerto de Tánger con destino Algeciras y, una vez en la península, las trasladaban a un piso de la provincia de Córdoba, donde eran encerradas en una habitación, durmiendo en un colchón en el suelo y siendo escasamente alimentadas por los captores. Eran además agredidas con golpes en todo el cuerpo y cortes de cuchillo en las manos.

A la cantidad pactada de 6.000 euros que debían hacer efectiva a su llegada a España, los captores añadían, posteriormente, 5.000 euros más de lo pactado, condición que venía acompañada de amenazas de muerte si no accedían a sus pretensiones.

En el transcurso de las investigaciones policiales se consiguió identificar a uno de los individuos que presuntamente había participado en tales hechos delictivos, identificación que fue seguida de otros miembros de la red, que también se dedicadaba a concertar matrimonios de conveniencia con mujeres españolas, con el fin de regular su situación ilegal en nuestro país y conseguir la autorización de residencia. Los detenidos cobraban unos 10.000 euros por matrimonio realizado.

Para llevar a cabo esta actividad falsificaban certificados de parejas de hecho, de empadronamiento, así como altas fraudulentas en empresas ficticias creadas por los detenidos. Con esos mismos contratos intentaban conseguir a su vez prestaciones públicas por desempleo y subvenciones irregulares.

Una vez identificados todos los integrantes del grupo, los agentes detuvieron en Córdoba a un total de 15 personas, cuatro de ellas responsables de la organización. Según informa Europa Press, ocho de las detenciones se realizaron en Córdoba capital, cinco en Fernán-Núñez, una en Aguilar de la Frontera y otra más en Montilla. Asimismo se realizaron tres registros (dos en Aguilar y otro en Fernán-Núñez) en los que se intervino una gran cantidad de documentación relacionada con los matrimonios concertados.