Dos agentes de la Policía Judicial acudieron ayer por la tarde al antiguo colegio Rey Heredia para inspeccionarlo y elaborar el informe solicitado por el juez Rodríguez Laínz, que estudia la denuncia presentada por el Ayuntamiento por un supuesto delito de usurpación. Se trata de una de las peticiones realizadas por el juez, que también reclamó la declaración de los ocho imputados, y a la Junta que aclarara la situación del antiguo centro escolar antes de decidir si archiva o no el caso. Según el portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, la Consejería de Educación ya habría desafectado el uso del edificio, por lo que la visita de ayer completaría los trámites previos al dictamen judicial. Mientras tanto, el centro social Rey Heredia mantiene las actividades puestas en marcha los últimos meses. Charlas, clases de apoyo para niños, clases de alfabetización e inglés y un comedor social, entre otras.
