El verano y la mayor actividad de las terrazas vuelve a poner el foco en los veladores, una cuestión largamente debatida en la ciudad que, pese a haberse regulado en la teoría, parece que sigue sin resolverse en la práctica. En lo que va de año, la Policía Local ha abierto un total de 67 actas de denuncia en la ciudad por incumplimientos detectados en la colocación de los veladores, de los cuales 28 tuvieron lugar en el distrito Centro frente a 13 en la zona de Levante, 12 en el Distrito Norte, 11 en el Poniente y 3 en la zona Sur de la ciudad. Una vez realizadas las denuncias, se remiten a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tiene las atribuciones para incoar el procedimiento sancionador, según fuentes policiales. La información sobre lo que ocurre con estos expedientes llega hasta aquí, ya que Urbanismo no ha facilitado, al parecer por falta de medios humanos para hacer el recuento pertinente, los datos sobre las sanciones impuestas, la cuantía de las mismas o el volumen de la recaudación obtenida por esta vía hasta la fecha. Lo que sí confirman en Urbanismo es que en ningún caso se está retirando el material «salvo en los casos en que se mantienen en la vía pública por la noche». También indican que cuando llega una denuncia «se da prioridad a las que están en zonas ordenadas y donde no hay licencia de veladores».

Aunque hay barrios donde la presencia de veladores parece no ser motivo de conflicto, persisten zonas en las que la lucha entre negocios de hostelería, comercios y vecinos se mantiene abierta. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha reiterado que «si se crea una norma, pero no hay nadie que se encargue de hacerla cumplir no sirve de nada». En este sentido, de Gracia cree necesario a estas alturas de la negociación entre las partes implicadas que, «ante la falta de efecto que tienen las multas» en muchos negocios, «que incluyen la sanción como un gasto más amortizable en la cuenta de resultados», es necesario actuar «y retirar los veladores que generen conflictos de convivencia para hacer cumplir la norma».

Según la misma fuente, que mantiene abierta la línea de diálogo con el Ayuntamiento en este tema, «Urbanismo nos dice que están tramitando la contratación de una empresa que asuma la retirada y almacén de las mesas y sillas», ya que ni la Policía Local ni Urbanismo cuentan con medios materiales ni humanos para ello. Este servicio sería similar al que realizan las grúas y el depósito de vehículos cuando se detecta un coche o moto estacionados en un lugar prohibido. Urbanismo ha declinado confirmar esta información «hasta que no esté hecho».

Entre los afectados no se entiende que existiendo una normativa vigente, cuando la Policía constata un incumplimiento no actúe para corregir la situación. «Es como si alguien aparca su coche en medio de una acera y la Policía le pone una multa pero lo deja en el mismo sitio, no tiene sentido», señalan. Al hilo de esta situación, Juan Andrés de Gracia señala que debido a las dificultades técnicas y la falta de medios el resultado es que «las mesas tienen más derechos que las personas».