El parlamentario andaluz de Podemos David Moscoso solicitó ayer en Córdoba a la Junta de Andalucía soluciones para el parque tecnológico de Rabanales 21 y el «mismo trato» que para otras infraestructuras de este tipo ofrece en otras ciudades andaluzas. «¿Por qué la Junta puede hacer en Huelva lo que no puede hacer en Córdoba, o rescatar el parque tecnológico de Granada, al que se va a destinar 8,4 millones para hacer frente a su deuda?», se preguntó Moscoso, que, por otro lado, solicitó información sobre el plan de viabilidad y reestructuración de la deuda del parque, señalando que la cantidad, en torno a 22 millones de euros, «es preocupante». En relación al preconcurso de acreedores, cuyo plazo acabó en junio, con un plan de viabilidad, Moscoso subrayó que «hoy por hoy no conocemos nada de ese plan» y, por tanto, «no sabemos cuáles son las propuestas ni las medidas que se han planteado para solucionar el problema por el que pasa el parque».
Por otro lado, el parlamentario cordobés de Podemos recordó las iniciativas que su grupo ha llevado al Parlamento andaluz, pidiendo la reestructuración de la amortización de la deuda en forma de capital, permuntándola por suelo del propio parque para futuros proyectos científicos o la edificación de nuevas infraestructuras para la implantación de empresas. «Esta propuesta y otra serie de puntos adicionales fueron aprobados en el Parlamento y se podían asumir», recordó Moscoso, que también rememoró otros proyectos tecnológicos de la provincia que «se han disuelto». «Nos preocupa que se deje morir Rabanales 21», prosiguió Moscoso, que insistió en pedir a la Junta el mismo trato para Córdoba que el de otras provincias andaluces en relación a este tipo de infraestructuras, asegurando que ahora «todo depende» de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, que ve «complicada la situación», según lo que manifestó en una reciente reunión mantenida en torno a este tema con representantes de Podemos, a los que invitó a «rezar» en busca de la solución, según Moscoso.
Otro escollo que plantea la Junta es que Rabanales 21 no tiene un capital mayoritariamente público, «una situación que también se da en Huelva y se ha solucionado», insistió el parlamentario.
Moscoso también anunció que su grupo ha presentado una proposición bajo el epígrafe Privilegios cero encaminada a cambiar el reglamento andaluz, denunciando que los parlamentarios cobran «de 1.500 a 3.000 euros en dietas al mes sin justificación, además de una indemnización de 47.000 euros cuando finalizan su trabajo en el Parlamento».
