Los grupos municipales de Ganemos y IU con el apoyo de PSOE y Unión Cordobesa han aprobado en el Pleno una moción conjunta que ha declarado a Córdoba ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios. El PP y Ciudadanos finalmente se han abstenido. La proposición, auspiciada por la plataforma 15-M Stop Desahucios, pretende que el Ayuntamiento no intervenga en los procedimientos de lanzamiento de viviendas habituales de aquellas familias que se encuentren con incapacidad real para hacer frente a su pago.

El debate de la moción ha calentado los ánimos de los asistentes, en su mayoría miembros de Stop Desahucios, que incluso han dado la espalda a los concejales cuando ha intervenido el concejal del PP y han celebrado su aprobación al grito de "sí se puede". Los asistentes y la Corporación municipal han guardado un minuto de silencio en recuerdo de Fran Lema, miembro de la plataforma que se suicidó hace hoy tres años agobiado por no poder pagar la hipoteca de su vivienda.

La moción fue defendida por la portavoz de la plataforma Rocío López, que ha denunciado que “hoy por hoy el derecho a la vivienda es papel mojado”. La portavoz ha criticado la situación del mercado inmobiliario, que favorece que “el lucro de unos pocos se esté alimentando del sudor de una mayoría empobrecida”. Además, López ha puesto en valor los avances logrados por la plataforma, como las daciones en pago o la reestructuración de la deuda. "No queremos limosnas ni parches", ha afirmado.

Rafael del Castillo, visiblemente emocionado, ha explicado que la moción solo busca que el Ayuntamiento se comprometa de manera sincera por el derecho a la vivienda digna y que se sea beligerante contra los desahucios sin alternativa habitacional. En referencia a la plataforma Stop Desahucios ha dicho que esta plataforma es la más autorizada para defender esta moción, “porque son los que más sufren y han luchado, porque son quienes más vidas han salvado”. “Si no apoyamos esto, seríamos cómplices del sufrimiento de todas estas personas”, ha afirmado el concejal que ha sido aplaudido con el grito de “sí se puede”en numerosas ocasiones. Rafael del Castillo ha pedido a los grupos municipales que se apoye la moción por justicia, decencia y responsabilidad o al menos, ha dicho, por humanidad. En el segundo turno, el concejal ha dicho que “toca retratarse” y que “o se está con la gente que sufre o no se está”.

Rafael Blázquez, concejal de Ganemos y exportavoz de la plataforma Stop Desahucios, ha calificado la jornada de “día histórico” y ha alabado la trayectoria de este colectivo que ha recibido incluso la Medalla de Oro de la Ciudad. Blázquez ha recordado además que gracias a Stop Desahucios en Córdoba se han parado todos los que se han producido hasta ahora y ha valorado positivamente que Vimcorsa se haya comprometido ya a no desahuciar a nadie. “El Ayuntamiento no será neutral en la lucha por la vivienda digna”, ha dicho.

Mientas que Luis Martín, concejal del PP, estaba explicando su postura sobre la moción los asistentes al Pleno se han puesto de espaldas a los capitulares en muestra de rechazo. Martín ha justificado la abstención del PP, porque a pesar de que estaban dispuestos a votar 30 de 37 propuestas que incluye la moción, aprobar el resto sería, a su juicio, incurrir en la ilegalidad.

En la proposición se plantea que en los presupuestos municipales se incrementen las partidas destinadas a servicios sociales, así como el resto relacionada con el plan de rescate a la ciudadanía y que el Pleno refrende el acuerdo del consejo de administración de Emacsa para garantizar a todas las familias un mínimo vital de agua. Además, la propuesta recoge que el Ayuntamiento elabore este año un nuevo plan municipal de vivienda y rehabilitación, y establezca "un urbanismo al servicio de la ciudadanía y no de mercado". En lo referente a materia fiscal, la moción plantea paliar el impacto del pago del impuesto de plusvalía para las personas en riesgo de exclusión social que sufran la pérdida de su vivienda principal tanto por subasta, dación en pago y para las que se vean obligadas a venderlas a un particular para abonar su deuda bancaria, entre otras medidas sociales.