El gobierno local elevará al Pleno del próximo martes una proposición para resolver la disconformidad y el reparo suspensivo de la Intervención general sobre el contrato de cercanías, de modo que se pueda aprobar en la Junta de gobierno local del viernes 17. Para ello, la comisión de Presidencia dio ayer luz verde a este expediente con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos y la abstención de PP, Ciudadanos y Ucor, que se han reservado el voto hasta el Pleno. El teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, expresó su confianza en poner en marcha el proyecto «cuanto antes» y que todos los grupos muestren su apoyo a este contrato, y señaló que sería una contradicción que el PP critique el retraso en la adjudicación del mismo y que ahora votase en contra.

Para levantar el reparo suspensivo de la interventora y el dictamen desfavorable del titular del órgano de apoyo, el gobierno local se apoyará en el informe de la asesoría jurídica municipal y el dictamen del secretario general del Pleno, que han dado luz verde al contrato. Aumente restó importancia a la existencia de informes encontrados e insistió en que se trata de «cuestiones subjetivas e interpretables».

¿En qué base la interventora su reparo? La Intervención considera clave saber si será el Ayuntamiento el que tiene que asumir el gasto de la puesta en marcha del cercanías o si es declarado obligación de servicio público, en cuyo caso sería el Ministerio de Fomento quien asumiría el déficit de explotación. En caso de que no hubiera declaración de servicio público, recuerda la interventora, la ley establece que es la comunidad autónoma la que podría firmar ese contrato con Renfe y asumir parte de su déficit, pero nunca el Ayuntamiento. También alerta del tema del crédito y su posible sujeción o no a IVA, y señala que no se ha acreditado que la medida es sostenible.

Por contra, la asesoría jurídica, en su informe de octubre, defendía que este servicio «no es ni puede ser titularidad del Ayuntamiento ni es, evidentemente, una actividad propia del municipio» y defendía como «único instrumento jurídico» para la prestación que el Ayuntamiento firmara un contrato de servicio público con Renfe, en el que se regulase la prestación y las compensaciones que se derivasen hasta que no sea declarado la obligación de servicio público por el Consejo de Ministros.

El contrato del cercanías que quiere aprobarse autorizará por una cuantía de 4,43 millones de euros el gasto que supondrá al Ayuntamiento la contratación, con cargo a las anualidades de 2017 (467.698 euros), 2018 (2,21 millones) y 2019 (1,74 millones).

Aumente contestó también ayer al PP, que había pedido celeridad en esta cuestión, diciendo que el Ayuntamiento ya se puso en contacto con Fomento para que declare la obligatoriedad de servicio público en julio, cuando le trasladó la moción conjunta del Pleno para instar a la puesta en marcha del cercanías.