La Plataforma Mezquita-Catedral, Patrimonio de Tod@s ha reprochado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que este monumento "nunca fue propiedad" de la Iglesia, en referencia a las palabras que pronunció el pasado martes durante la sesión de control al Gobierno, cuando calificó de "despropósito jurídico y económico" plantear la expropiación de la Mezquita de Córdoba porque a su juicio no hay peligro de destrucción o deterioro y porque la indemnización supondría una cantidad "ingente".

Esta asociación argumenta que ha sido el Obispado de Córdoba quien se ha apropiado de un "bien de incalculable valor", mediante una simple inmatriculación irregular por apenas 30 euros. Por ello, la Plataforma pide la nulidad de esta inscripción, que según indica se efectuó "en base a dos artículos predemocráticos de la Ley Hipotecaria que equipara a la Iglesia con la Administración y a los diocesanos con fedatarios públicos, afectos de inconstitucionalidad sobrevenida por vulnerar el principio de aconfesionalidad del Estado".

Según indica, prueba de ello es que el propio ministro de Justicia reconoció ayer la existencia de dicho privilegio eclesiástico, "lo que ha forzado al Gobierno a derogar los dos artículos citados, aunque sin carácter retroactivo y concediendo un año más de carencia para que la Iglesia Católica pueda seguir registrando bienes por esta vía anómala".

Asimismo, cree que Gallardón habló "equivocadamente" de un plazo de dos años para impugnar la inmatriculación de la Mezquita-Catedral, realizada en 2006 con el nombre de Santa Iglesia Catedral de Córdoba. "El artículo 207 de la Ley Hipotecaria establece un plazo cautelar de dos años para que las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica surtan efectos contra terceros, lo que supone admitir la excepcionalidad y la clandestinidad jurídica con la que se practican", añaden.

Sin embargo, matizan que este plazo no impide en ningún caso la reclamación de la titularidad ni la impugnación de la nulidad de la inmatriculación, y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencias como la del 15 de enero de 2001.