"Desarrollar y consolidar un sistema público de servicios sociales" es, según indica la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Angeles Luna, el objetivo de la Junta en esta legislatura "para avanzar en la erradicación de las desigualdades sociales y garantizar el bienestar de todas las personas", así como "el acceso de la población más vulnerable". Para ello, la Junta impulsará distintas leyes.

En igualdad, la Junta reforzará las medidas contra la violencia de género, haciendo hincapié en la coeducación como base de la prevención, en una mayor participación ciudadana y en el impulso de iniciativas que pongan freno al maltrato más allá del surgido en el seno de la pareja. Paralelamente, habrá una nueva Ley contra la Violencia de Género, que creará una ventanilla única para atención a las víctimas de la misma y de la la explotación sexual, para las que también impulsará el Plan Integral contra la Trata. Además, promoverá la modificación de la Ley de Igualdad para adecuarla a la Estrategia Europea 2020.

Una prioridad será la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, encaminada a fortalecer los avances logrados. En este sentido, la delegada recuerda dos decretos que han reforzado las políticas de inclusión social y el apoyo a los grupos más vulnerables, el de medidas urgentes de lucha contra la exclusión social y el de inclusión con el empleo.

DEPENDENCIA La delegada asegura que la dependencia "supone una auténtica inversión social", por lo que la Junta aumentará un 10% la partida presupuestaria esta legislatura. En Córdoba, hay 16.841 beneficiarios y 22.928 prestaciones. Paralelamente, la Junta trabaja en el primer Plan de Promoción de la Autonomía Personal.

Los mayores serán objeto de programas concretos como el de envejecimiento activo, a través de los 119 centros (27 de titularidad de la Junta) de Córdoba, con 49.510 asociados, que han realizado más de 18.000 horas de talleres de promoción de la autonomía personal. Además están el servicio de teleasistencia, del que se benefician 5.600; la tarjeta Andalucía Junta 65, que posee el 85% de la población mayor (126.728); y las aulas en las universidades. Entre 2012 y 2015, han sido 76,8 millones los destinados a pensiones no contributivas, con las que la Junta, según señala Luna, seguirá comprometida, al igual que con la atención a los discapacitados, para los que ya trabaja en una ley que ampliará sus derechos y garantizará la autonomía personal. También tendrán un plan de empleabilidad "para corregir su desigualdad de oportunidades".

La lucha contra la pobreza infantil seguirá siendo otro de los objetivos, según asegura Luna. Para ello, se apoyará en la alianza existente entre administraciones y distintos agentes para construir redes de asistencia y garantizar el respeto a la dignidad. Las medidas irán incluidas en el segundo Plan de Infancia y Adolescencia. Papel importante juegan los 15 equipos de tratamiento familiar, que cuentan con 45 profesionales, y que en Córdoba han reducido un 22% la cifra de desamparos de menores.

Los jóvenes tendrán su ley, que desarrolla el decreto de medidas de impulso del empleo joven y el emprendimiento. Por último, en la hoja de ruta está el cuarto Plan del Voluntariado, con medidas dedicadas a mejorar la situación de las familias; el Consejo Andaluz del Voluntariado; y acciones para promover la participación. Tampoco se olvidará, indica Luna, de la cooperación con un segundo plan con el que "estará presente en el exterior".