El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, reclamó ayer «el reintegro de los 40.000 euros» de subvención para un proyecto socioformativo de la Fundación Guadalquivir Futuro, todo ello después de haber conocido en el Instituto Provincial de Bienestar social (IPBS) que esta fundación «afín al PSOE» ha cambiado el objeto del convenio.
La petición de los populares, realizada ayer en un encuentro con la prensa y que se llevará a los órganos de la Diputación, es un capítulo más de la polémica en torno a esta ayuda, la mayor en cuantía de su género en el 2016, y que se formalizó cuando comenzaba a conocerse las primeras noticias de que el colectivo estaba siendo investigado por un supuesto cobro de mordidas a trabajadores empleados mediante un programa de la Junta.
PETICIÓN DE TORRICO / Precisamente, sobre esta anterior subvención de la Administración autonómica, actualmente el Juzgado de Instrucción número 8 está investigando las supuestas mordidas, mientras que la Junta ya ha reclamado la devolución de los 304.000 euros y una sanción de 40.000 euros.
Al prespecto, el parlamentario andaluz por Córdoba del PP Miguel Ángel Torrico, intervino ante la prensa para pedir al Gobierno de la Junta que aclare en qué punto está el proceso de reintegro de la subvención y cobro de la multa. Además, reclama que «como en casos similares, la Junta se persone como acusación particular en el proceso judicial abierto por el supuesto fraude» del programa Emple@». Para ello, Torrico anunció que los populares preguntarán por estas cuestiones en una próxima comparecencia del consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado.
CUESTIONES «curiosas» / Volviendo a la polémica de la subvención de la Diputación a Guadalquivir Futuro, Lorite considera que hay sobrados motivos legales para que la institución provincial también le reclame a la fundación la ayuda que le otorgó para un programa, a desarrollar desde el 1 de abril del 2016 y durante un año, porque se ha variado el contenido del convenio. Sin dejar de recordar que uno de los responsables de la fundación es el secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en Córdoba, Cristian Menacho, al que varios cargos del PSOE ya han pedido su dimisión, el popular Andrés Lorite destacó que precisamente es uno de los empleados del programa subvencionado por la Diputación. Más aún, y sin hablar en ningún momento explícitamente de «irregularidades» o «ilegalidades», sí señaló cuestiones «curiosas», entre ellas, el «interés» del gobierno de la Diputación por dar la ayuda, que también esté contratada la número 2 de JSA en Córdoba, Alejandra Pérez, o que las antigüedad de contratos sean incluso anteriores al inicio del programa.
