La plataforma Stop Desahucios pidió ayer "sensibilidad" a la Fiscalía Provincial de Córdoba ante las ocupaciones de viviendas de bancos a las que ven obligadas algunas familias "por necesidad", de forma que la situación de estas personas "no se vea agravada" con acusaciones por usurpación y las posteriores penas de multa. Stop Desahucios hizo estas peticiones al fiscal jefe, Juan Calvo-Rubio, en una reunión "cordial y muy humana", según Francisco Gea, portavoz de la plataforma.

Gea explicó que en el encuentro la plataforma le trasladó al fiscal jefe la situación en la que se encuentran las familias a las que "no les queda más remedio" que ocupar viviendas de bancos. "Para una familia que ocupa de buena fe, que no le queda más remedio que proteger a sus hijos, la situación ya es un estigma, algo muy duro. Y cuando lo hacen es por necesidad", apuntó el portavoz de la plataforma. Por eso, "si encima" le imputan y acusan por un delito de usurpación, la situación "se agrava más por las sanciones que vienen después no solo para el cabeza de familia, sino para todos los mayores de edad". Así, también se informó a Calvo-Rubio que cuando se producen este tipo de ocupaciones, la plataforma "intenta rápidamente negociar con el banco para que se le ponga un alquiler social", por lo que pidió que si las entidades aceptan y se retiran del proceso también sea "sensible" la Fiscalía.

El portavoz aseguró al finalizar la reunión que el fiscal jefe "ha entendido el planteamiento y se ha mostrado humanamente sensible con el tema", aunque les advirtió, como es lógico, que "tienen que aplicar el principio de legalidad". No obstante, Calvo-Rubio transmitió a la plataforma, según Gea, que "cada caso es individual y que teniendo la máxima información se puede actuar en consecuencia", algo que dio "tranquilidad" a Stop Desahucios porque "al menos vemos que no se aplican las leyes sin estudiar cada caso".