La concejala de Medio Ambiente, Amparo Pernichi, defendió ayer el resultado del mapa estratégico de ruido y afirmó que, aunque el proceso de adjudicación fue «muy conflictivo» y el pliego de condiciones «tenía carencias», se primó la necesidad de disponer de este documento, algo a lo que obliga la Unión Europea desde 2012. «Teníamos dos opciones: seguir adelante y no tener un mapa de ruidos o partir de un mapa que se puede mejorar en el siguiente».
Pernichi salió al frente de las críticas de Ganemos acerca del mapa de ruido y de la sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 40.000 euros a la empresa que quedó en segundo lugar en la adjudicación, al considerar que debió ser la elegida.
Sobre el proceso de contratación, que depende de Gestión, la concejala insistió en que es un tema administrativo --la mesa de contratación, formada solo por técnicos, es «soberana»--, e informó de que se inició en el año 2012. Pernichi lamenta que el pliego de condiciones primaba «básicamente la baja», es decir, la oferta más económica, frente a otros criterios como la calidad del trabajo. «Nosotros nos limitamos a llevar adelante el proceso en función del pliego de condiciones que había», dijo Pernichi, quien primó la necesidad de que Córdoba contase con este mapa de ruido por encima de otras cuestiones. «La UE nos podía penalizar por no tenerlo», argumentó.
En cuanto al contenido del mapa criticado por Ganemos (la sentencia solo entra en la contratación), la concejala defiende la fórmula con la que se hizo, a partir de cien mediciones y algoritmos, e indica que, aunque la UE no contempla el ruido derivado de las zonas de ocio en estos mapas, la mejora ofrecida por la empresa es hacer mediciones en dos zonas de ocio de la ciudad.
