Ocho de cada diez juicios por violencia de género que se celebran en Córdoba acaban con condenas para los acusados de maltrato. Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de enero a septiembre del 2016 fueron enjuiciados en la provincia 235 hombres por malos tratos y de estos fueron condenados 185, el 78,7%. Además, con respecto al mismo periodo del año anterior, el porcentaje de sentencias condenatorias ha aumentado en más de cinco puntos, ya que en los primeros nueve meses del 2015 se condenó a 162 de 221 enjuiciados, el 73,3%. Las cifras son todavía más significativas al compararlas con las del 2010, cuando el 62% de los fallos de los jueces eran absolutorios, según el estudio El silencio de las víctimas, elaborado por el Instituto Andaluz de la Mujer.
Este aumento de condenas a maltratadores -a nivel nacional también ha sido de cinco puntos, situándose el porcentaje en el 69,5%- ha sido destacado por el Observatorio por el mensaje ejemplarizante que traslada a la sociedad. En este sentido, la presidenta del mismo, Ángeles Carmona, ha señalado al valorar los últimos datos que, «pese a todos los imponderables que coexisten en una materia tan sensible como es la violencia de género, no hay impunidad alguna y el estado de derecho funciona». «Funcionan los cuerpos y fuerzas de seguridad, deteniendo y poniendo a disposición judicial a los responsables directos de la violencia machista, a los maltratadores, y funcionan los órganos judiciales aplicando la ley con rigor en un proceso judicial de garantías», ha resaltado.
En cuanto al número de denuncias, las cifras prácticamente se mantienen en Córdoba. Según el último informe publicado por el CGPJ, en los nueve primeros meses del 2016 se contabilizaron 1.145, cuando en el mismo periodo del año anterior hubo 1.185. De las 1.145 registradas de enero a septiembre del ejercicio pasado -una media de cuatro diarias-, la mayoría (1.056) llegaron a través de un atestado policial con denuncia de la víctima y 74 derivaron de partes de lesiones, mientras que solo cinco fueron formuladas por familiares. En este sentido, y a la vista de que el número de denuncias presentadas por familiares de la víctima representaron solo un 1,31% del total a nivel nacional, Carmona ha hecho hincapié en que «nos preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista en nuestra sociedad, que no se acabe de dar un paso firme por familiares, amigos y conocidos para denunciar y acompañar a la víctima en el proceso, y que todavía se busquen justificaciones para lo que no es otra cosa que terrorismo de género».
Precisamente, el acompañamiento de la víctima en el proceso es fundamental para evitar que las maltratadas den marcha atrás en sus denuncias. En Córdoba, el 8,4% de las víctimas se acogieron en los nueve primeros meses del 2016 a la dispensa de la obligación legal de declarar, un dato que casi dobla el del mismo periodo del año anterior, cuando fue el 4,5% el que renunció a prestar testimonio. A este respecto, el Observatorio viene incidiendo en la necesidad de potenciar los recursos a disposición de las víctimas «para que ninguna sienta el desamparo y la soledad en el difícil proceso» que se abre tras la denuncia. Las presiones del entorno, la dependencia económica respecto al maltratador o el miedo a enfrentarse al agresor en el juicio están muchas veces detrás de las renuncias.
