Los ayuntamientos de ocho ciudades españolas presentaron ayer en Barcelona sus alegaciones al proyecto del Ministerio de Energía que regula el bono social y la figura del consumidor vulnerable. En un acto conjunto celebrado en el Ayuntamiento barcelonés, las ocho ciudades han puesto de manifiesto que el proyecto que ha elaborado el Ejecutivo no resuelve la problemática de la pobreza energética ni da respuesta a las miles de familias que se encuentran en esta situación.

Representantes de los ayuntamientos de Córdoba, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Cádiz y Santiago de Compostela (los de Madrid y Valencia han expresado también su conformidad con el recurso) han lamentado que el proyecto antepone la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes, y porque además deja en las empresas comercializadoras la prerrogativa de determinar la condición de vulnerable del consumidor. En definitiva, las ocho ciudades pidieron trabajar por un cambio de modelo energético que ponga la garantía de acceso a los servicios básicos de la ciudadanía por delante de los beneficios económicos de las grandes empresas.

Durante su intervención, el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, puso en valor el estudio realizado por la empresa municipal Vimcorsa, que concluyó que el 10% de los cordobeses ha sufrido algún corte de luz por impago en los últimos años, el 48% no puede mantener su hogar a una temperatura adecuada, el 9% han acudido a los servicios sociales para que les ayuden en el pago de las facturas y el 28% se lo han pedido a sus familiares y amigos.

«Son datos preocupantes», continuó Del Castillo, «los que se han registrado en Córdoba, pero son cifras sobre las que ya estamos trabajando, con medidas como la creación de la Mesa por la Energía, y lo hacemos porque nos preocupa la realidad que sufren miles de personas, porque afrontamos de frente sus problemas y porque al igual que el resto de los que estamos aquí presentes queremos darle una solución, que en el caso de la pobreza energética requiere y necesita con urgencia de una implicación absoluta del Gobierno de Rajoy». Añadió que los criterios de renta propuestos por el Gobierno para que una familia pueda considerarse consumidor vulnerable son “tan restrictivos como insultantes».