Nuria Magaldi es doctora en Derecho y vicerrectora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Córdoba, ciudad en la que vive desde hace casi nueve años. Su formación le permite valorar el proceso que se vive en Cataluña como catalana y como jurista. «Como catalana, lo estoy viviendo con indignación, con tristeza y con preocupación por la fractura tan grande que se está generando en la sociedad», explica, «como jurista, observo con estupefacción que se están dando pasos por parte de la Generalitat que son una auténtica barbaridad democrática y un atropello a los derechos de los catalanes».

Al respecto, Magaldi, recalca que «cualquier jurista sabe que el procés no tiene agarradero jurídico. «La soberanía nacional reside en el pueblo español porque así lo marca la Constitución y no es posible que una parte de España, un territorio concreto, se arrogue a sí mismo tal soberanía». En este sentido, aclara que si bien «cualquier opción política es legítima», no sería descabellado proponer nuevas fórmulas para reclamar más autogobierno, «pero siempre desde el respeto a las normas, algo que no es opcional porque constituye la base de nuestros derechos y libertades». A Nuria Magaldi le preocupa además que una parte de la ciudadanía catalana, que en su opinión es mayoritaria, permanezca en silencio porque la minoría es quien ostenta la fuerza para construir el relato. «Estoy convencida de que la mayoría de Cataluña no es independentista, pero es más fácil ahora mismo que se oiga la voz de quienes sí lo son». Señala además cómo ha cundido en la sociedad la tesis de que «quien no habla catalán, quien no es independentista es un mal catalán» y explica que después de años de propaganda política «muchos catalanes no se sienten ya libres de decir en voz alta que no quieren la independencia y que quieren seguir formando parte de España.

Por eso echa en falta oír la voz de los catalanes que no están de acuerdo con el procés, porque ese discurso que no sale en los medios «sería fundamental para conocer la opinión real del conjunto de la sociedad catalana». Como otros encuestados, afirma que la fractura ha llegado a las familias y que hay personas con las que no se puede hablar de política de forma sosegada.

En cuanto al 1 de octubre, cree que no se va a votar. «El Gobierno central está tomando medidas de forma cauta y, en mi opinión, proporcionada, para evitar una consulta que, de celebrarse, no tendría ninguna garantía legal». Lo que venga después «está por ver», aunque tiene claro que «el coste social será muy alto por la brecha que se ha abierto». En cuanto cómo se debe afrontar la reivindicación de independencia de una parte de Cataluña, tiene claro que «antes de empezar a hablar, lo primero es que el Govern empiece a respetar el ordenamiento jurídico y las leyes».