Urbanismo dio ayer un nuevo paso en un proceso de expropiación iniciado en el 2006, el de adquisición de los terrenos que permitirán conectar los jardines de Orive con la calle Capitulares. El consejo rector aprobó abonar a los misioneros claretianos 139.065 euros de intereses de demora, trámite mediante el que, según aseguró su presidente, Pedro García, «este equipo de gobierno culmina» el proceso expropiatorio que permitirá, «una vez que se actúe», unir «el Huerto de San Pablo, es decir, los jardines de Orive, y Capitulares». García subrayó que esta conexión «acercará mucho más los jardines de Orive a la zona centro, que se verá aún más potenciada» tras las obras que se realizan.
La conexión se hará por el callejón del Galápago, que tiene cien metros de largo por siete de ancho y que unirá el Huerto de San Pablo con el patio de acceso a Cultura, desde donde se podrá acceder a Capitulares.
Cuando empezó a tramitarse el expediente en el 2006, el Obispado era el propietario del terreno y no estuvo de acuerdo con la valoración del mismo, por lo que la Comisión de Valoraciones tuvo que intervenir, fijando el precio en 422.608 euros. Urbanismo recurrió y el TSJA, en una sentencia del 2011, no le dio la razón. Por otro lado, una sentencia del 2013 del Supremo indica que los terrenos no pertenecen al Obispado, sino que «se han consolidado a favor» de los claretianos. Después, en julio pasado, Urbanismo recibió una resolución del TSJA que le instaba a pagar ya los 422.608 euros más los intereses.
Además del paso del consejo, ayer estaba prevista la firma del acto de pago y ocupación, que no se produjo, ya que -señala García- «la representación de los claretianos no se ha presentado». No obstante, Urbanismo depositará el valor de la expropiación esta semana para poder disponer de los terrenos e iniciar su adecuación.
García ha explicado que aunque «de la información catastral y otra se puede deducir la vinculación de los terrenos a la Iglesia-claretianos, en la labor de investigación en los archivos históricos de la Diputación, se han detectado indicios de que dichos terrenos pueden ser del Estado», hecho que está investigando la administración central y que se ha recogido en el acto de pago.
