La secretaria general de Formación Profesional y Educación Permanente de la Junta de Andalucía, Guadalupe Fernández, y la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Córdoba, Manuela Gómez, han inaugurado este jueves en la capital cordobesa una jornada de debate sobre el anteproyecto de la nueva Ley de Formación Profesional (FP), todavía en fase de información pública y cuyo fin es unificar la FP reglada y la Formación para el Empleo.
El objetivo de dicha jornada de trabajo, según ha informado la Junta, ha sido dar a conocer el nuevo sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía a docentes, directivos de los centros educativos que imparten FP en Córdoba y Jaén, así como a representantes de los centros de Formación para el Empleo y de la Administración educativa, de manera que se puedan recoger sus propuestas y aportaciones a este anteproyecto de Ley.
La Consejería de Educación valora el carácter pionero e innovador de este nuevo texto legal, que pretende establecer una estrecha relación con el sistema productivo andaluz y que reforzará, al mismo tiempo, los mecanismos de control de las actividades formativas.
El pilar fundamental de este nuevo sistema será la creación de una Red de Centros de Formación Profesional de Andalucía, que dotará a la oferta formativa de mayores garantías y que será planificada por el Consejo Andaluz de Formación Profesional.
Después de la presentación del anteproyecto de Ley por parte de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente, los asistentes se han reunido en mesas de trabajo para compartir ideas y realizar propuestas.
Con posterioridad, la jornada en Córdoba de la secretaria general de Formación Profesional y Educación Permanente, Guadalupe Fernández, acompañada de nuevo por Manuela Gómez, ha concluido con la entrega de los certificados de Profesionalidad conseguidos mediante la acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación a una representación de las personas que han superado favorablemente los procedimientos de los años 2011 y 2013.
