La herramienta ya está creada. El objetivo de aglutinar la política turística y la gestión municipal del sector en un mismo organismo empieza a tener el camino despejado. El Pleno, con el respaldo de PSOE, IU y Ganemos y el voto en contra de PP, Ciudadanos y Unión Cordobesa, aprobó el martes el nacimiento del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) y dio por disuelto el Consorcio de Turismo. Sin embargo, lo que debía haber concitado el consenso de la Corporación local nace enfrentando a los grupos municipales por la composición de su órgano directivo y hace vaticinar problemas en el futuro a medio plazo.

La apuesta del gobierno municipal por incluir en el consejo rector, que tendrá el máximo número de miembros (9 en total), a un representante del Consejo del Movimiento Ciudadano ha provocado el enfrentamiento con quienes, por un lado, esgrimen, como hacen los informes técnicos, que solo deberían integrarlo políticos, y quienes, por otro, ven peligrar su representatividad en este órgano de decisión. Ese es el caso de Ciudadanos y, sobre todo, del concejal de Ucor, que reivindica su presencia en la dirección del Imtur con el aval que le dan los 8.000 votos que obtuvo en las municipales. No sería, sin embargo, el único organismo municipal en el que no tiene representación (tampoco está, por ejemplo, en el Ingema o en Urbanismo).

El primer teniente de alcalde y responsable de Turismo, Pedro García, ha querido eludir lo que podría ser un nuevo conflicto esta semana posponiendo a la próxima la celebración de la Junta de Gobierno Local que decidirá, finalmente, quiénes se sentarán en el consejo rector del Imtur. De momento lo único que ha insinuado es que podrían estar incluidos todos los grupos, aunque algunos tendrían voz pero no voto. El resto engrosaría el consejo consultivo, del que formarán parte los empresarios, los sindicatos y la Universidad. La situación puede incluso complicarse más si Ciudadanos termina cumpliendo lo que hasta ahora solo ha sido un anuncio: que llevará los estatutos a los tribunales si ciertamente se incluye a los ciudadanos y no a Ciudadanos en los órganos de dirección.

No deja de ser curioso que el capítulo más polémico en la disolución del Consorcio de Turismo durante meses (titulares van y vienen en los medios locales), a saber, la continuidad o no de la plantilla de alrededor de 30 trabajadores en el Imtur, haya pasado completamente desapercibido ahora en el último Pleno. Este colectivo ha interpuesto una demanda colectiva ante los juzgados de lo Social para que sean éstos «los que devuelvan a los trabajadores el estatus jurídico que ya tenían adquirido en el extinto Consorcio». La cesión de la plantilla del Consorcio de Turismo ha coincidido en el tiempo con la cesión de la plantilla del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación al nuevo instituto. La diferencia es que en el segundo caso se han respetado las relaciones existentes entre los trabajadores cedidos y la empresa cedente, y en éste está por ver.

Un proceso complicado

El proceso seguido hasta llegar al Imtur ha sido complicado en lo político (no se ha logrado el consenso esperado y ha estado salpicado de polémicas) y complejo en lo burocrático (el primer informe que instaba a la liquidación del Consorcio es de noviembre del 2014). De hecho, el PP terminó su mandato sin resolver la liquidación del ente consorciado a la que obligaban tanto la ley de Autonomía Local de Andalucía como la de la Reforma de la Administración Local. La clave era la aportación de fondos económicos que debían estar dispuestos a hacer tanto CECO como la Cámara de Comercio (miembros junto al Ayuntamiento) y que finalmente no se produjo. Con el cambio de Corporación, el concejal de Turismo tuvo que asumir la responsabilidad de disolver el organismo que había sido creado en el 2002 antes de crear el nuevo. El camino no ha sido sencillo. Una comisión técnica acordó la liquidación del Consorcio en octubre del 2015, pero un año después el Pleno tuvo que concederse una nueva prórroga --hasta marzo-- para disolverlo. Además, como en otros muchos asuntos de este mandato, los informes técnicos de los funcionarios tampoco han esclarecido la situación. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en el momento de la disolución del Consorcio, que para el secretario del Pleno se produjo por «silencio administrativo» en agosto del 2016.