José Antonio Nieto, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, advirtió ayer de que las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos se adjudicaron sobre una oferta, de la empresa Aldesa, de la que "los propios técnicos decían que existían dudas razonables" para ponerla en práctica ante una "bajada desproporcionada", una situación que, según Nieto, "solo se salvó por un informe adicional aclaratorio, que curiosamente está firmado por el que hoy es gerente de Sadeco".

El portavoz popular aclaró que tras analizar la documentación sobre la adjudicación hay un informe en el que "los miembros de la mesa de contratación dejan clara cuál es su posición y sus dudas", de este modo "manifiestan que habiendo hecho un cálculo pormenorizado, cuanto más se analiza más dudas tienen sobre la capacidad de la empresa para cumplir su promesa económica". En relación, Nieto citó una conclusión que afirma que "en la documentación presentada existen dudas razonables para aceptar su justificación", dado que "no se explican las razones que sustentan la bajada desproporcionada". Por ello, el exalcalde entiende que "en esta propuesta se ve que hay un interés de alguien para que la oferta de la empresa acabe siendo aceptada".

En este sentido, la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor) considera que "la paralización de obras emblemáticas y estratégicas en la ciudad", como "la remodelación del Palacio de Congresos o la antigua Escuela de Magisterio", tienen que ver con el "empeño de las administraciones públicas en adjudicar las mismas ofertas claramente desproporcionadas y temerarias", a las que pide "poner fin".

Además, y tras una reunión con varios alcaldes de la provincia, Jose Antonio Nieto destacó "la escasa financiación y sobre todo el escaso respeto a las normas de financiación", sobre todo en referencia a la Patrica, sobre la que el PP propuso que "no se hiciera una distribución de los ingresos, sino que se distribuyera la capacidad de gasto que se tiene en Andalucía", una ley que lleva desde el año 2011, con una pequeña corrección en 2012, sin actualizar lo que la ley de participación en los tributos de la comunidad autónoma fijaba para los ayuntamientos". En este sentido, lamentó la pérdida de "180 millones de euros por parte de los ayuntamientos para atender a sus vecinos", dinero que, según afirmó, no han recibido porque "se lo ha quedado la Junta".