La nueva Ley de Discapacidad de Andalucía, que entrará en vigor en los próximos días, obligará a los ayuntamientos a elaborar planes de accesibilidad y a realizar evaluaciones cada cinco años. «Se trata de eliminar las barreras arquitectónicas existentes y evitar que se construya obra nueva que no sea accesible a las personas con discapacidad», explicó ayer la portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento andaluz, Soledad Pérez. Esta es una de las novedades que introduce la norma, que viene a completar la Ley de Accesibilidad nacional, que entrará en vigor el 4 de diciembre próximo, señaló Pérez.

La norma pretende además mejorar la integración laboral de las personas con discapacidad, en torno a 70.000 cordobeses, de los que un 61% son mujeres, con medidas como el aumento de la reserva de plazas de empleo público. Del 7% establecido por la ley estatal, Andalucía se marca un 10% e incluye además un 1% de reserva para enfermedad mental. Según Soledad Pérez, el sector público es quien debe hacer mayor esfuerzo, ya que la empresa privada solo está obligada a reservar el 2% de sus plazas y solo en empresas con más de 50 trabajadores. También habrá bonificaciones para las empresas que contraten por encima del margen legal y se introducirá una cláusula de desempate en los concursos públicos a favor de las empresas en las que más de un 2% de su plantilla sean personas con discapacidad. La ley incluye para los casos de discriminación por razón de discapacidad sanciones de entre 300 euros y un millón de euros.

La ley incluye una memoria económica de 1.300 millones de euros anuales de los que Educación invertirá más de 195.000 euros al incremento de personal de Educación Especial y a profesores de pedagogía terapéutica de Infantil y Primaria. Y es que la ley reconoce ahora como derecho la atención infantil temprana a los menores con alguna discapacidad en el ámbito escolar, de 3 a 6 años, lo que obligará a dotar de más monitores y personal especializado a los colegios.

Respecto a la vivienda pública, el 4% deberá incluir medidas como videoportero y adaptación de bloques y se regulará la figura de vivienda convertible de manera que con pequeñas reformas se pueda adaptar y ser funcional para personas con algún tipo de discapacidad.