Pedro y Carmen volvieron a respirar ayer (aunque su problema aún no se haya resuelto aún) cuando recibieron la notificación oficial de que Harrisur, la entidad dependiente de Cajasur que ahora es propietaria de su vivienda, había aceptado in extremis conceder una nueva moratoria de cuatro meses y paralizar así el desahucio de su vivienda, señalado para mañana viernes. El mes pasado, también a pocas horas del desahucio, el juzgado evitó el desalojo previsto inicialmente para el día 17 de junio con una moratoria de un mes, tal y como publicó este periódico, tiempo que ha resultado insuficiente para buscar una alternativa a esta familia, cuyos únicos ingresos son 426 euros mensuales.
Por la mañana, Carmen Gañán aún no sabía de la noticia y se mostraba esperanzada en que hubiera algún tipo de acuerdo. «Yo ya no como ni duermo, no sé qué va a ser de nosotros si nos echan porque no tenemos adónde ir, así que ojalá nos concedan el alquiler social que hemos pedido». De esa opción, Harrisur no quiere oír ni hablar, según Rafael Cidres, presidente de la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), que lleva varios meses intentando negociar un alquiler. «Insisten en que no cumplen los requisitos del Decreto y que se tienen que ir a la calle, no atienden a más razones así que lo único que hemos podido conseguir ha sido esta moratoria», explicaba. En las negociaciones, no solo ha intervenido Anfane. «He de decir que la Oficina de la Vivienda ha estado con nosotros en todo el proceso y que también hemos tenido el respaldo del diputado del PSOE Antonio Hurtado», indicó Cidres. El resultado es que el reloj del desahucio se ha vuelto a parar y «ahora toca llamar a todas las puertas hasta conseguir un alquiler social para que cuando se cumplan esos cuatro meses esta familia tenga una alternativa habitacional». El juez que lleva este caso deberá hoy ratificar la moratoria aceptada por el banco o ampliarla si lo considera conveniente. H
