La llamada comisión de la memoria histórica fue creada a propuesta del pleno y con la unanimidad de todos los grupos en marzo del 2016 para la aplicación en Córdoba de los preceptos de la ley andaluza de Memoria Democrática, de 2017, y la de Memoria Histórica, de 2007. El grupo de trabajo, presidido por José Rojas, estaba formado por los partidos con representación en el Ayuntamiento y asociaciones memorialistas, y contó con el asesoramiento de historiadores de prestigio. Se trataba de ordenar tres cuestiones: la exhumación de fosas, la simbología franquista y los lugares de la memoria de la represión y la resistencia contra la dictadura franquista.
Las primeras críticas al trabajo de la comisión vinieron de la mano del PP, antes incluso de que el grupo votara su dictamen (algo que ocurrió el 13 de diciembre). Tras las informaciones aparecidas en la prensa, que se hacían eco de la intención de eliminar 15 calles de reminiscencia franquista, los populares se mostraron contrarios al cambio de las calles Cruz Conde, Conde de Vallellano, Cronista Rey Díaz, José María Pemán y la plaza de Cañero. Las primeras declaraciones del equipo de gobierno fueron de Emilio Aumente, teniente alcalde de Presidencia, advirtiendo de que el informe era un documento «no vinculante». Desde un principio, el PSOE se mostró a favor de consensuar las propuestas, a diferencia de su socio de gobierno, IU, más radical sobre que la aplicación del dictamen debía ser inmediata al sostener que una ley no puede someterse al debate. Ganemos también ha defendido esta postura desde el primer momento.
El mismo día que se conoció el dictamen, el PP propuso por la mañana la celebración de un referéndum para los casos más polémicos, una idea que apoyaron de inmediato C’s y UCOR. Un día después, en rueda de prensa, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, defendió que no iba «a poner trabas» a la participación ciudadana si con eso se conseguía la «unanimidad». Estas declaraciones dieron pie a presuponer que los socialistas estaban a favor del referéndum, algo que se apresuraron a negar al día siguiente. Los populares, sin embargo, insistieron en la consulta popular, que contaba con un informe favorable del secretario municipal.
Entonces, desde el grupo socialista llegó la propuesta de las «ideas creativas» del teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, es decir, aplicar «fórmulas que no impliquen cambiar el nombre de las calles», pero acatando la ley. Por ejemplo, renombrar la avenida de Conde de Vallellano por Vallellano a secas. También propuso hacer una revisión más exhaustiva del callejero, una idea en la que redundó hace solo unos días la alcaldesa.
La tensión entre PSOE e IU estalló el 20 de diciembre. Alba Doblas (IU) acusaba a los socialistas de «faltar al respeto» de la comisión, unas declaraciones que trató de mitigar la regidora mostrando más contundencia. «Las calles no seguirán con sus nombres y apellidos», dijo entonces. Al mismo tiempo, Ambrosio empezó a trabajar en un protocolo de actuación con la Junta para iniciar la exhumación de las fosas, algo que el Foro por la Memoria tachó ayer de «maniobra» para no aplicar la eliminación del callejero. Tras la pausa navideña, el 13 de enero, la alcaldesa anunció que el PSOE votaría a favor del cambio de nombres, lo que fue rápidamente criticado por la oposición al considerar que abandonaba la vía del diálogo en aras de «la radicalidad». Se espera que el dictamen de la memoria histórica se incluya en el orden del día del pleno de febrero, si bien la regidora socialista insiste en que tratará de acordar el 100% del consenso hasta el último minuto.
