La mediación del Ayuntamiento logró frenar el año pasado 72 desahucios. La paralización de esos lanzamientos judiciales fue fruto de la labor realizada por la oficina municipal de la vivienda, una herramienta en la que trabajan de forma coordinada el área de Servicios Sociales y la empresa municipal Vimcorsa, que, además, cuentan con la colaboración de otros colectivos como Stop Desahucios. Esos son los datos facilitados ayer por el responsable del área de Servicios Sociales, Juan Hidalgo, y por la presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, que, junto con el gerente de la empresa, Rafael Ibáñez, ofrecieron el balance del ejercicio pasado. En total, a lo largo del año 2017 alrededor de 1.500 personas demandaron ayuda a la oficina de la vivienda.

El concejal que está al frente de Servicios Sociales aportó otro dato que da una idea tanto de un problema que sigue existiendo como del trabajo que se lleva a cabo para evitarlo. Solamente en el mes de enero, la oficina ha conseguido paralizar 18 lanzamientos en la capital. Además, aún hay más de 258 expedientes abiertos de personas que necesitan la mediación del Ayuntamiento, por lo que «seguimos trabajando», aseguró Hidalgo, «en defensa de los más desfavorecidos» y del «derecho a la vivienda». Hidalgo destacó ayer la mayor coordinación existente.

Para la presidenta de Vimcorsa, el balance del 2017 «es un éxito porque los resultados son espectaculares», por lo que se consigue «evitar sufrimiento a familias que son víctimas de la crisis». Aún así, la sensación es «agridulce», ya que «nos sentimos solos en esta labor», en la que echa en falta la participación de Estado y Junta. En este sentido, Doblas asegura que las ayudas provenientes de ambas administraciones «no permiten que se puedan atender las situaciones de emergencia». Como ejemplo puso que «se tarda año y medio en dar ayudas al alquiler». Por ello, espera que los 14 millones contemplados en el acuerdo firmado por Junta y Gobierno en el 2017 sean liberados para invertirlos.

Para avalar la disminución de los desahucios detectada, Doblas se apoyó en los datos del Consejo General del Poder Judicial, adelantados por este periódico en enero, referentes a los tres primeros trimestres del 2017, que recogen descensos del 35% (primero), 21% (segundo) y 29% (tercero) en el total de lanzamientos practicados en capital y provincia en relación a los mismos periodos del 2016. Esas cifras son mejores que las registradas a nivel andaluz y nacional. En cuanto a los desahucios por impago de hipotecas, bajaron un 45%, un 21% y un 33% en Córdoba durante el primer, segundo y tercer trimestre del 2017, superando también la caída media a nivel nacional y andaluz. Doblas asegura que en ninguna provincia desciende más de un 20% la cifra de desahucios en cada uno de los trimestres. Por último, y respecto a los lanzamientos por deudas en los alquileres, disminuyeron un 21%, un 29% y un 20%, lo que, a su juicio, se traduce en que «estamos haciendo una buena política en ayudas al alquiler».