Más de la mitad del profesorado de Córdoba admite que su centro se está viendo afectado por pérdidas de unidades en los últimos cursos escolares y que ello está repercutiendo en el aumento de ratios y en la reducción de la plantilla. Así lo ha dado a conocer esta mañana la responsable de Educación del CSI-F en Córdoba, Elena García, que ha presentado una encuesta realizada a más de 400 docentes cordobeses y ha realizado una valoración del curso escolar 2017-2018, que está a punto de terminar, como de que "necesita mejorar", teniendo en cuenta que harían falta recursos y, sobre todo, al menos, 1.500 docentes más.

Elena García ha vuelto a recordar que desde hace cinco años se han perdido en la provincia 115 unidades de Infantil y más de un centenar de Primaria, por lo que "exigimos a la Delegación provincial que haga una planificación adecuada y responda a las demandas reales del sistema educativo".

Según la encuesta del CSI-F, más del 95% del profesorado considera que dedica excesivo tiempo a las tareas burocráticas, lo que "supone un lastre", sobre todo para los tutores, ha dicho García. Otro dato que refleja la encuesta es que el 56,6% considera que su labor docente no es reconocida por la Administración educativa y más del 80% de los encuestados cree que los equipos informáticos del centro son malos o regulares, con equipos "obsoletos" y con una conectividad a internet que el 64,8% considera que es mala o regular. Sin embargo, el 79,1% cree que el procedimiento de selección de director en su centro se ha realizado correctamente.

A juicio de la máxima representante del Sector de Educación de CSIF Córdoba uno de los retos de la Enseñanza Pública es que “la Administración esté a la altura de las circunstancias, sea eficiente a la hora de planificar sus actuaciones y apueste por la transparencia en lugar del oscurantismo como ocurre en la actualidad”. “Creemos que también es necesario que se empodere al profesorado, piedra angular del sistema educativo”, destaca la dirigente sindical.

“Consideramos necesario que la Administración emprenda campañas de reconocimiento de la labor docente, su personación como acusación particular en los casos de agresión al profesorado, la adopción de medidas que promuevan la carrera profesional docente y la habilitación de un desarrollo normativo autonómico que reconozcan al profesorado como autoridad pública de acuerdo a lo establecido en la Lomce”, subraya la responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba.