La Audiencia Provincial de Córdoba ha suspendido la ejecución de la pena de dos años de cárcel impuesta al exalcalde de Encinarejo Miguel Martínez Múrez (PA) en tanto el Gobierno resuelve sobre el indulto que ha solicitado él mismo para evitar entrar en prisión, según informaron ayer fuentes judiciales. La solicitud de Martínez Múrez se ha producido después de que la Audiencia, según fuentes jurídicas, le denegara la suspensión de la condena por falsedad en documento oficial, prevaricación y fraude a la Administración y desestimara un posterior recurso de súplica. Ahora, una vez que ha comunicado su petición de indulto a la Audiencia, esta sí ha accedido a suspender la ejecución en espera del pronunciamiento del Gobierno.

En octubre del 2014, la Audiencia Provincial condenó a Martínez Múrez a tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación. Según la sentencia, el exalcalde obtuvo una subvención de la Junta de 41.481 euros para la adaptación del antiguo depósito de aguas de Encinarejo a Torre Mirador. Sin embargo, la empresa adjudicataria cesó en los trabajos y Múrez, saltándose el procedimiento de contratación, adjudicó la obra a otra empresa. Fue entonces cuando para pagar la obra ideó solicitar una nueva subvención, en este caso para un sendero cicloturista ya ejecutado. Para eso requirió una factura a la adjudicataria por ese concepto y obtuvo otros 26.057 euros.

Tras la condena, Martínez Múrez acudió al Supremo, que estimó parcialmente su recurso de casación y el del fiscal. Así, el Supremo dictó una nueva sentencia en la que aplicó la atenuante de dilaciones indebidas y añadió un tercer delito --el de fraude a la Administración, tal y como solicitaba la Fiscalía--, quedando la condena en dos años de prisión. Aunque Martínez Múrez solicitó entonces la suspensión de la pena, la Audiencia se la denegó porque, según las mismas fuentes, ya se le había suspendido anteriormente otra de 18 meses de cárcel y porque acumula numerosas condenas de inhabilitación y multa, la mayoría por prevaricación urbanística.