Tras cumplirse casi un año desde la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, que introdujo en nuestro país la obligatoriedad de acreditar una certificación negativa de antecedentes penales por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales para todas aquellas personas que trabajan con menores, «la Consejería de Educación de Andalucía exige al conjunto del profesorado andaluz su presentación o autorización para la consulta en su nombre, en un plazo de diez días, de modo improvisado, sin la publicidad necesaria y en tiempos inadecuados», denunció ayer Elena García, responsable del Sector de Educación de CSI-F de Córdoba. García destacó el «malestar del profesorado» ante la necesidad de cumplimentar un trámite importante y necesario «de manera inapropiada, dando un escaso tiempo».
