La forma en la que el sector oficialista del PP ha decidido a quién proponer como candidato a la presidencia provincial del PP ha causado malestar dentro del partido. Como adelantó CÓRDOBA, la decisión de apoyar al secretario general, Adolfo Molina, para relevar al actual presidente, José Antonio Nieto (que hoy preside la junta directiva), se tomó en un chalet en un encuentro el que estuvieron unas 30 personas.

En un día en el que los principales protagonistas eludieron pronunciarse, la vicesecretaria de Política Social del PP y miembro del comité de dirección, Rafi Obrero, mostró su preocupación «por el devenir de mi partido en Córdoba» y más tras conocer por la prensa «los pasos que algunos responsables del partido parecen estar dando en contra de la unidad interna, del consenso, de la integración y hasta de los esenciales principios de la democracia institucional». Añade que «las reuniones clandestinas y sectarias impulsan ausencias críticas, suponen una intolerable falta de respeto a los órganos del partido», no ayudan «al interés general» y «no pretenden otro fin que la fijación y la consolidación de privilegios personales mediante la exclusión ilegítima y forzada de otras alternativas renovadoras y útiles». A Obrero le resulta «inaudito» que el Comité Ejecutivo del PP «no se haya convocado y reunido desde el año pasado» y dice que es «el momento de escuchar, de dar participación, de recoger las distintas sensibilidades» y «de construir un nuevo proyecto político dentro de los órganos y cauces reglados del partido y sin insultar o despreciar a la militancia o a otras alternativas».

Obrero considera que se abre «un nuevo período que representa la oportunidad y la obligación de acoger nuevas iniciativas personales», ideas, métodos y alternativas, y que supone «una maravillosa posibilidad de integración y de consenso». Sin embargo, añade, «parece que algunos compañeros solo lo interpretan como una amenaza personal y por ello ocupan buena parte de su tiempo en promover confabulaciones que permitan mantener o garantizar su propio estatus evitando la sana competencia democrática». «Estas técnicas -señala- representan una despreciable vulneración del esencial espíritu democrático» y «una evidente falta de respeto hacia los afiliados y hacia muchos cargos orgánicos e institucionales, a los que ni se les consulta ni se les valora». Por ello, dice «basta ya de listas internas oficiales» y «de candidatos cómodos o complacientes». «Tenemos todos la obligación de procurar que se pueda debatir con transparencia, y de favorecer que se construyan candidaturas alternativas que puedan concurrir en igualdad de oportunidades, o en su caso, edificar consensos», que es lo que quiere y exige para el PP.