LUGAR DE NACIMIENTO ZAMORA, HACE 68 AÑOS

TRAYECTORIA SE LICENCIO EN DERECHO EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE EN 1962. ES CATEDRATICO DE DERECHO PENAL DE LA UNED Y, DESDE EL JUEVES, CORRESPONDIENTE EN MADRID DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA.

-- Ingresa usted en la Real Academia de Córdoba con una ponencia sobre deficiencias en el derecho de defensa. ¿Podría ampliar un poco esta cuestión?

-- Los abogados somos los que estamos más cerca de los ciudadanos en los procesos judiciales, sobre todo en los penales, que son los más intensos. Tanto si son víctimas como delincuentes están en situación de gran tensión y muy al límite. Aunque en España, desde la Constitución de 1978, se han reconocido una serie de derechos fundamentales y algunos de ellos aplicados específicamente a la defensa, creo que todavía estamos muy lejos, en lo que se refiere a la jurisdicción penal, de lograr un nivel satisfactorio de lograr ese derecho de defensa. Esto se debe a deficiencias estructurales, por una parte, y a deficiencias procesales.

-- Esas deficiencias de las que habla han llevado a la sociedad a perder la confianza en el sistema por fallos como el de Mariluz Cortés. ¿Cree que tienen remedio?

-- Creo que sí. Lo que ocurre es que requiere esfuerzo y dinero. Y una colaboración de las fuerzas políticas, que no es fácil de lograr por falta de cultura democrática. Se trataría de un pacto de Estado sin exclusiones. En su día hubo uno entre PSOE y PP, que propuso que la instrucción pasara a manos del ministerio fiscal bajo la vigilancia de un juez de garantía. Curiosamente, ahora ha sufrido las consecuencias con el caso Gürtel.

-- ¿Es cuestión todo de dinero?

-- No. Es una cuestión muy compleja. La Justicia en España está al cuidado de muchos pastores. Está el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas con competencias... También hay un cierto corporativismo todavía entre jueces y fiscales y un caos y una falta de nivel en la abogacía. Hay unas inercias del pasado tremendas; hay que reorganizar las plantas judiciales. Al final todo se resume en personas bien preparadas que se concentren en la Justicia en número suficiente, y en medios materiales. Si en Alemania hay un juez por cada 10.000 habitantes y en España uno por cada 20.000, es obvio que allí funcionará más rápido y mejor que aquí.

-- ¿Qué hace falta en el plano procesal para una mayor efectividad?

-- Se pueden hacer avances en un ámbito de gestión administrativa, y ahí está la futura oficina judicial, que es un cambio importante y que libera a los jueces de funciones que no son estrictamente juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Digamos que esas actividades administrativas las asume el secretario, como si fuera el gerente de una oficina.

-- ¿Es usted partidario de que la instrucción la lleven los fiscales?

-- Absolutamente. Es España instruye un juez que tiene que ser imparcial a la hora de dictar un auto de prisión, de un registro o intervenir un teléfono, y al mismo tiempo tiene interés en descubrir la verdad, en recabar pruebas de cargo. Esto le convierte en juez y parte acusadora. Cuando se produce una alianza entre fiscal y juez, y se cuenta con cuerpos especializados, como la Udyco en Marbella, el pobre ciudadano imputado se convierte en un pececillo frente al leviatán. Además, declaran secretas las actuaciones, con lo cual quitan al abogado de enmedio. Al final es una maquinaria infernal, que ve delitos donde no los hay. Hay procedimientos que después de un gran despliegue se quedan en nada.

--Un penalista como usted, cuando ve los medios y observa la enorme cobertura que se la da a ciertas causas, ¿qué piensa?

-- Hay muchas cosas que se dicen que van en contra del honor y de la intimidad de los imputados; y luego, también, de la serenidad y tranquilidad de los órganos judiciales. Según la ley, rije el secreto externo y todo lo que hace el instructor es secreto para las partes. Luego está el interno, el que se acuerda en ocasiones. No tiene sentido que se quebranten esos secretos en los medios de comunicación, sobre todo porque quien lo quebranta es un funcionario público. Cada acto de comunicación, como ha pasado en el caso Gürtel con documentos sometidos a secreto interno, se convierte en un acto de cooperación necesaria de coautoría en revelación de secretos. El juez no se atreve, pero podría abrir por eso diligencias al medio de comunicación. Tenemos que recuperar la cultura del sigilo y de la presunción de inocencia para víctimas de victimarios mientras se tramita el proceso.

-- Entonces, de los programas de cotilleo ni hablamos.

-- Eso de que se mezcle el corazón con la Justicia o aprovecharse de situaciones sádicas no refleja el respeto a la intimidad de las personas. El caso del canario acusado de maltratar y abusar de la niña y que luego era todo falso es un ejemplo de esto.

-- ¿Qué opinión le merece el Consejo del Poder Judicial?

-- No se comprende y está por diseñar el gobierno del Poder Judicial; creo que no se ha logrado un consejo equilibrado. Estamos ante un régimen anarcosindicalista porque son las asociaciones de jueces las que mandan. Son corporativistas y los ascensos de los magistrados son sesgados. Creo que debería haber una mayoría de no jueces. Además, al Poder Judicial se le reprocha su origen político.

-- Como vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, ¿es partidario de regular el acceso al ejercicio de la abogacía?

-- Hay una vacatio legis desde hace cinco años para evitar desmanes. Considero que otorgar un título de juez, fiscal o abogado corresponde el Ministerio de Justicia. Por otro lado, no acabo de ver claras esas pruebas que se proponen. En Alemania se estudia Derecho y luego existe una primera reválida que da paso a dos años de formación. Después hay una segunda reválida y quien la supera elige la profesión a seguir, ya sea juez, fiscal, abogado o técnico de la Administración. Mientras no se haga algo parecido y tengamos los mismos filtros, los abogados, en primer lugar, seremos más de la cuenta, de tercera división, no tendremos el marchamo de calidad y no tendremos el respeto merecido por parte de la población, la judicatura o la fiscalía. Si esta ley muere antes de nacer, creo que no pasaría nada.