Un grupo de miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APH-A) se concentró ayer ante la prisión de Alcolea para exigir que se reanude el servicio de abogados que atendía a los reclusos y que se suspendió hace ya un año. Se trata de "un servicio esencial para la población reclusa, a juicio del Defensor del Pueblo Andaluz", según señaló ayer a este diario el letrado Valentín Aguilar, responsable de APDH-A, quien recuerda que esta prestación depende de un convenio entre el Gobierno y la Junta que no se ha renovado, si bien del 2001 al 2008 se estuvo funcionando sin la participación del ministerio.

Este colectivo está buscando apoyos para que los grupos políticos lleven al Parlamento andaluz una proposición no de ley en la que se inste a continuar con el convenio. Aguilar señala que la Administración "dice que los presos están atendidos por los juristas de las prisiones, el juez y el fiscal de Vigilancia Penitenciaria y el Defensor del Pueblo, pero los juristas no han atendido a nadie".

Unos 160 letrados formaban este servicio que atendía unas 1.800 consultas anuales de presos sobre peticiones, quejas o recursos. Al parecer, un número de abogados, a través del Colegio, está dispuesto a reanudar esta prestación corriendo el gasto por su cuenta.