Las 11 trabajadoras de las sedes judiciales que han denunciado que se han quedado en el paro y sin prestación a raíz de la apertura de la Ciudad de la Justicia se incorporarán a sus nuevos puestos de trabajo a partir del lunes. De este modo, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafi Crespín; el director general de Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia, Eduardo Tamarit, y el secretario general de UGT, Vicente Palomares, presentaron ayer el acuerdo alcanzado con la empresa para que recuperen sus empleos e integren una plantilla que, con ellas, sumará un 39 efectivos en total.

Tamarit avanzó que se cumplirán las condiciones planteadas por estas profesionales, que son la aplicación del convenio colectivo del sector con carácter retroactivo, desde el pasado septiembre; ser contratadas en las mismas condiciones que tenían (en cuanto a las horas y el tipo de contrato), y poder acudir a la Justicia para que determine si se ha producido un despido improcedente (la indemnización correspondería a la empresa anterior, Lincamar) o una subrogación, por la que la nueva firma tendría que reconocer su antigüedad. La adjudicataria del edificio de la Ciudad de la Justicia es Cijucosa, que «subcontrata servicios, entre ellos, el de limpieza», explicó Tamarit.

Preguntado por la implantación de las nuevas oficinas judicial y fiscal, Tamarit aludió a las experiencias piloto en El Ejido y en Vélez Málaga, concretando que esta semana «hemos recibido, por parte del Gobierno, la aprobación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo)» y después llegará la oficina fiscal de Dos Hermanas y de la Ciudad de la Justicia. Acerca de la protesta de trabajadores por la reconversión del juzgado de Menores 2 en un Penal 6, también comentó que «la decisión viene del Consejo General del Poder Judicial»,