El exministro de Justicia Fernando Ledesma afirmó ayer que «el buen funcionamiento del poder judicial es una cuestión de Estado, una de las más importantes», y es que, añadió, «un Estado funciona bien si el poder judicial funciona bien». Ledesma hizo estas declaraciones antes de participar en las jornadas sobre el futuro del poder judicial que vienen desarrollándose en el Colegio de Abogados de Córdoba y que pretenden ser un espacio de análisis sobre la justicia y el actual modelo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a raíz de la propuesta de pacto de Estado liderado por el Consejo General de la Abogacía Español. Preguntado sobre la necesidad de este pacto, el que fuera ministro de Justicia con Felipe González, entre los años 1982-88, señaló que «el poder judicial en su conjunto, como sistema en España, merece un juicio muy positivo». Según expuso, España «es uno de los países que ofrece un mayor grado de seguridad jurídica, y, sin embargo, existen cosas que mejorar, problemas pendientes que será más fácil resolver en la medida en que las distintas fuerzas políticas se pongan de acuerdo». «Si a eso se le llama pacto de Estado, me parece estupendamente bien que se logre ese acuerdo», aseguró.

Entre esos problemas, Ledesma, consejero permanente del Consejo de Estado, apuntó que el orden jurisdiccional penal «está necesitado de una urgente revisión, de una reforma que no debe ser la única, pero es una de las más importantes». El exministro, entre otros argumentos para esta urgencia, dijo que se trata de una materia «relevante, porque lleva todo lo que se refiere a las libertades públicas», y los jueces que intervienen en ella «conviene que estén sometidos a una organización que permita que la respuesta a los ciudadanos sea pronta y llena de garantías». Al hilo de ello, y respecto a la necesidad de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, Ledesma estimó que «si no una nueva, sí por lo menos se requiere una profunda reforma de la vigente, que está necesitada de una actualización».

Sobre si se debe abrir la participación a la hora de proponer a los candidatos a vocales del CGPJ que son jueces y magistrados, señaló que le parece «muy conveniente». «Probablemente nadie esté en mejores condiciones de saber qué juez o magistrado cumple con su trabajo de una manera recta y eficiente que quienes están a diario con ellos, que son los abogados y los procuradores», por lo que consideró «muy recomendable» tanto su participación como la de la Universidad.