El convenio entre la Junta de Andalucía, Instituciones Penitenciarias --dependiente del Ministerio del Interior-- y los colegios andaluces de abogados (Cadeca) para prestar asistencia letrada a los presos "se ha estado desarrollando con plena normalidad", pero teme la consejería que el informe de Hacienda, obligatorio, "sea negativo" y la prestación no se reanude.

Pedro Izquierdo, director general de Justicia de la Junta, manifestó ayer a este diario que "Instituciones Penitenciarias está interesada, pero la política del Gobierno del PP no va en ese sentido y poco podemos hacer". Como ya adelantó CORDOBA, Interior no ha firmado el convenio alegando que según la Ley de Estabilidad Presupuestaria son preceptivos informes de Hacienda, de la Abogacía del Estado, de la secretaría técnica de Interior y de la comisión delegada de Política Territorial. Ante esta demora, la Junta comunicó a los colegios de abogados la suspensión del servicio, mientras que Interior señala que no se queda desatendido porque los centros penitenciarios disponen de un cuerpo de juristas al que pueden acudir los internos. "Nos imaginamos por dónde puede ir el resto", subraya Izquierdo.

A la Administración andaluza le "extraña" este posicionamiento toda vez que Instituciones Penitenciarias refleja en un escrito "su valoración positiva" del convenio y que "se comprometían a agilizar la tramitación".

Izquierdo también apuntó que "nos sorprende la actitud del Colegio de Abogados de Córdoba" de mantener el servicio porque "hemos llegado a acuerdos con el Cadeca sobre pagos del turno de oficio y luego los vemos en manifestaciones".

El alto cargo reconoció "retrasos" en el abono de cantidades y reiteró que "nos gustaría ser más rápidos a la hora de pagar, pero las circunstancias mandan", para añadir a continuación que "la Junta hace un esfuerzo con 44 millones de euros en justicia gratuita", que debe desligarse del servicio de atención a los internos.

Sobre esto último, cabe señalar que la Consejería de Gobernación y Justicia destinó una partida económica de 503.000 euros en el convenio anterior. En Córdoba, este servicio, formado por unos 160 letrados, efectúa dos turnos de guardia semanales que atienden todas las demandas recibidas desde el centro penitenciario de Alcolea. El año pasado se registraron unas 1.800 consultas.