La Junta ha decidido impugnar el segundo plan especial de la carretera de Palma, documento que establece las reglas del juego de 155 hectáreas y abre el camino a la legalización de las naves construidas sin licencia por el empresario Rafael Gómez, hoy líder de UCOR, en la antigua Colecor mediante un proyecto de actuación. La impugnación supone un duro varapalo a un plan que el Ayuntamiento, con IU y PSOE en el gobierno municipal, empezó a tramitar en el 2009 después de que el TSJA tumbara otro anterior, aprobado en el 2006 y que también fue recurrido por la Junta. La singularidad de este segundo plan es que, aunque partió de la iniciativa pública y nació con vocación de ser consensuado, suscitó desde el principio posturas dispares, incluso en el seno del PSOE, que fue cambiando su voto a lo largo de la tramitación, y es donde más fracturas ha provocado.

La Consejería de Agricultura, que dirige el socialista cordobés Luis Planas, entiende que el documento altera las determinaciones del PGOU y supone una modificación del mismo que no puede llevar a cabo un planeamiento de desarrollo como es el plan especial. Los usos y la ocupación son los dos argumentos esgrimidos para recurrir el plan y solicitar la suspensión del mismo como medida cautelar, aunque solo para la zona en la que están implantadas las naves de Gómez, construidas en suelo no urbanizable de especial protección de la Vega. A través de una nota, deja claro que el plan introduce un uso no permitido en el PGOU para ese ámbito, el de "industrias y almacenaje incompatibles con el suelo urbano". La Junta señala que el documento "se ha excedido en las facultades" que le otorga la legislación urbanística para la regulación de los usos y que debió limitarse a "precisar y complementar" las determinaciones del PGOU. Para ello, se apoya en la sentencia del TSJA que tumbó el primer plan especial. La Junta recuerda que el fallo señalaba que el plan "no puede contradecir ni desconocer las prohibiciones de uso que establece el PGOU" y que la asignación de estos usos debe estar "motivada y justificada conforme a los criterios señalados en el PGOU, a las necesidades y características del terreno y a la realidad física y natural".

Por otro lado, la Junta piensa que el plan "establece un nivel de ocupación muy superior al que disponían las edificaciones históricas ubicadas en esta zona", que no está justificado en relación con la protección que tienen los terrenos de la Vega. Recuerda que el PGOU instaba a elaborar un plan para hacer viables las instalaciones industriales históricas como Butano y Colecor, pero los parámetros de ocupación asignados están "muy por encima del que disponían estas edificaciones", que, además, pueden ser aplicados sobre una superficie mayor de la original, dando lugar a un aumento de la edificación permitida. A su juicio, el plan "incumple" el PGOU en relación con la protección de los elementos agrícolas patrimoniales y ambientales. Esto se produce como consecuencia de la ampliación del ámbito en el que se ubicaban las industrias históricas, que estaban concentradas entre la carretera de Palma y el camino de Cantarranas, pero se permite que se acerquen al pie de monte "en perjuicio de los niveles de protección propugnados" por el PGOU y el plan.

La decisión de la Junta cayó como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento. Uno de los más sorprendidos fue el portavoz del grupo municipal del PSOE y secretario provincial, Juan Pablo Durán, que lamentó que "a un tema de tanta trascendencia y sobre el que tantos ríos de tinta han corrido se le queda corta una nota de prensa de la Consejería, incompleta, inconcreta y difusa en relación a los criterios que se han podido usar para la impugnación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento". Por ello, no dudó en exigir "una explicación pública más amplia" a su propio consejero "para aclarar los pormenores" de la decisión. Además, reclamó "los fundamentos jurídicos presentados ante el juzgado". A su juicio, "después de tanto tiempo", el plan "se merecía algo más".

El portavoz de IU, Francisco Tejada, que presidía Urbanismo cuando se aprobó de forma inicial el plan en julio del 2009 --siendo alcalde Andrés Ocaña--, dijo que desconoce los motivos del recurso pero que el plan respaldado por el Pleno en diciembre del 2012 "venía de un dictamen previo de octubre del 2010 del consejo rector y se adecúa al contenido de la sentencia del TSJA". Tanto es así que "el PP que, inicialmente se abstuvo, cambió su voto, impulsándolo y apoyándolo". Por último, el portavoz de UCOR, Rafael Gómez, evitó pronunciarse sobre un plan que le afecta.