Álvaro Carbonell es magistrado juez del Juzgado de lo Penal nº 2 y ayer disertó sobre la regulación legal de los delitos de violencia de género. Se trata de determinar si hay violencia «habitual» contra una mujer, para lo cual se requiere la presentación de pruebas (partes de lesiones, testigos...) aunque «la denuncia y la declaración de la víctima es el elemento del que se parte para la condena ulterior».

Cristina Ranz es directora de la Escuela de Prácticas Jurídicas y tiene una larga trayectoria (38 años) como abogada en el turno de oficio. «Atender estos casos es delicado por las peculiaridades de la persona que atendemos, mujeres víctimas de violencia que llegan con una enorme carga de sufrimiento, unas circunstancias económicas penosas, con la autoestima por los suelos y un miedo atroz».

Vicente Jiménez es secretario judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Córdoba, que atiende demandas propias de un juzgado de familia (separaciones, divorcios, custodias) si antes existe un procedimiento penal abierto por violencia machista. «En estos casos, la conflictividad propia de una separación o divorcio se agrava», explica, «el abogado debe tener en cuenta además el bien de los menores, si los hay».

Beatriz Teijeiro, abogada turno de oficio, asistió ayer a las jornadas como abogada de primera adscripción para «recibir asesoramiento las respuestas más eficaces que podemos ofrecer a las víctimas según los casos». Lleva cuatro años colegiada y acaba de llegar a Córdoba desde Alicante. En su opinión, este turno de oficio requiere sobre todo «ser empático con las víctimas e intentar ser lo más resolutivos posible».