La Audiencia Provincial ha absuelto al presidente de la Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos Hospital Reina Sofía, José Luis Bermejo, de sendos delitos de apropiación indebida y delito societario que pedía la acusación particular, que sumaban penas de 4 años de prisión y multas por más de 80.000 euros. El juicio tuvo su origen en la denuncia de seis exintegrantes de la junta directiva contra el presidente de este colectivo debido a la «irregular» gestión de este último entre los años 2005 y 2007, expone José María Ruiz Mateo, abogado de Iuris Consulting, que ha ejercido la acusación particular.

Según los denunciantes y también recoge la sentencia, las Consejerías de Empleo y Salud y la Delegación de Empleo, que habían concedido subvenciones a esta asociación de trasplantados para la contratación de personal y otros conceptos, empezaron a partir del 2010 los respectivos procedimientos de reintegros para la devolución de parte de las cantidades concedidas en concepto de subvenciones, concretamente por unos 60.000 euros, al no justificar debidamente el presidente de este colectivo a qué había destinado estos incentivos.

Los denunciantes destacan que «la absolución de este cargo se debe a que los delitos por los que fue juzgado no pueden ser objeto de condena al aplicársele el código penal antiguo (vigente cuando pasaron los hechos)». Así, la acusación particular recalca que la sentencia, aunque es absolutoria, recoge «la convicción que tiene este tribunal de que la conducta protagonizada por el presidente de esta asociación como administrador de un patrimonio ajeno debe ser calificada de gestión temeraria, por infringir sus obligaciones y excederse de sus facultades sin atenerse a la prudencia propia de quien maneja fondos que no le pertenecen, causando así un perjuicio a varios componentes de la junta directiva a los que la Agencia Tributaria de la Junta les reclama solidariamente, con intereses de demora incluidos, cantidades que en su día debieron ser reintegradas» y que rondan los 60.000 euros.

Los afectados y a la vez denunciantes pertenecieron a la junta directiva de esta asociación entre 2005 y 2007, los cuales dicen encontrarse «indefensos y preocupados ante la posibilidad incluso de ser embargados para hacer frente a las cantidades que reclama la Junta», mientras critican que «el que aún sigue siendo presidente de la asociación y absuelto en esta causa se declara insolvente, por lo que no pueden actuar contra él». Además, los denunciantes lamentan que esta persona siga gestionando esta asociación y haya fundado una nueva.

LA RÉPLICA / Por su parte, el presidente de esta asociación y absuelto en esta causa rechaza las acusaciones por las que fue llevado a juicio. «Un gabinete jurídico está resolviendo con la Junta de Andalucía posibles fallos que la asociación haya podido cometer a la hora de justificar las ayudas recibidas y se pagará lo que se tenga que pagar, pero en ningún caso nuestro colectivo gastó esos incentivos en proyectos que no fueran los recogidos en la petición de subvenciones y por eso se me absuelve. Incluso hay ayudas que no se recibieron de forma íntegra, por lo que las administraciones no pueden reclamarnos 60.000 euros», replica.