Ante todo, indicar que mi propósito al redactar este artículo es solo el de intentar completar el mensaje de los juristas (todos ellos más cualificados que yo) que me han precedido en el turno dando su opinión sobre todo aquello que está rodeando al juicio del caso Bretón. Muy acertadamente se ha llamado la atención con anterioridad a la preocupación que nos asiste sobre los juicios paralelos y el "circo mediático" del caso Bretón. Suscribo tales reflexiones íntegramente y creo que debería ponerse coto a tales situaciones, sin ello menoscabar nunca el derecho a la información, pero sí limitándolo de forma que no perjudique ni enerve otro derecho que, por lo menos para el que suscribe, está por encima de aquel, cual es el derecho a la presunción de inocencia. Indudablemente, estos juicios públicos paralelos sobre asuntos que están en los tribunales afectan a la misma. Más aún, cuando se pretende obtener un beneficio económico o de "entretenimiento" al público, dramatizando lo que ya de por sí lo es (y mucho), e incluso, exagerando en la cobertura mediática de los fenómenos sociales y, particularmente, en la difusión de unos hechos que se encuentran 'sub iudice', llegando a extremos poco deseables con los que se pudiera estar faltando al respeto debido que todo proceso debe conllevar, pues hemos contemplado aterrados cómo peritos y testigos han desfilado previamente a sus declaraciones por los medios de comunicación.

Como venía diciendo, entiendo que el mensaje puede y debe completarse con lo que para el que suscribe es la pieza clave de cualquier procedimiento penal, el derecho de defensa; tanto y tantas veces vilipendiado por los medios de comunicación. Derecho de defensa del acusado ejercido magistralmente, a pesar de las circunstancias concurrentes, por nuestro compañero don José María Sánchez de Puerta. Ya el presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo en una ocasión a modo de slogan que "sin abogados no hay libertad" y don Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, lo completa diciendo lo siguiente: "Sin abogados no hay defensa técnica, sin defensa técnica no hay justicia y sin justicia no puede sobrevivir el Estado de Derecho".

El derecho a la defensa es un derecho sagrado, quizás el más sagrado de todos los derechos de la justicia, y del que solo se acuerdan algunos cuando lo necesitan. Pues bien, este derecho se ha venido criminalizando en algunas ocasiones desde los diferentes medios públicos, pareciendo que es la parte más débil de la cadena y por donde puede quebrarse la misma. Por ello quiero destacar la gran labor que se viene realizando por nuestro compañero, tan digna de protección como todas y cada una de las demás, teniendo en contra a la opinión pública; llegando a presenciar escenas lamentables por la agresividad y acoso sufrido hacia el mismo, hasta el extremo de verse en la tesitura de solicitar amparo al Colegio de Abogados, el cual, como no podía ser de otro modo, le prestó su protección.

No menos de destacar es la profesionalidad de la compañera que ejerce la acusación privada en defensa de los intereses de la madre, así como la de la acusación pública fiscal en defensa de la legalidad, y por supuesto, la del magistrado don Pedro Vela, siempre una garantía, ante unos hechos que, caso de confirmarse, y para eso debe dejarse realizar su trabajo al tribunal, resultan execrables, terribles al tener que conocerlos en profundidad para poder desarrollar la difícil tarea que todas las partes y sobre todo el jurado popular tienen ante este procedimiento.

En ningún caso, se entiendan estas líneas como un ataque al derecho a la información. Sino más bien a cierta forma de transmitirla; pudiendo resultar necesaria una regulación que, sin coartar la libertad de expresión ni de información, protegiese los demás valores jurídico-sociales. Partiendo de la base de que es complicado erradicar el mal endémico de los juicios paralelos, tal vez resultaría más adecuado buscar alternativas que evitaran tales espectáculos, tendieran a proteger principalmente a las víctimas, y seguidamente acusados, testigos, peritos y, porque no, letrados de la defensa.