El mes de julio del 2012 marcó un antes y un después en la aplicación de la Ley de la Dependencia, puesta en vigor en 2007, en virtud de un nuevo decreto ley que estableció que el Estado central, que hasta ese momento financiaba el sistema al 50% con las comunidades, reducía su aportación en un 23%, lo que en Andalucía, que atiende a uno de cada cuatro dependientes reconocidos en España, se tradujo en una reducción del presupuesto de casi 90 millones y obligó a la Junta a frenar en seco el ritmo exponencial en que crecía el número de personas atendidas en virtud de esta ley. Dejó de valorar casos y congeló la incorporación de usuarios.
Ese mes de julio, todas las personas valoradas previamente en Córdoba, con o sin resolución oficial de una prestación concreta, pasaron a formar parte de un limbo o lista de espera indefinida del que solo han escapado casos muy concretos de grandes dependientes en situación de extrema urgencia social.
Aunque no hay datos oficiales de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que cuantifiquen ese limbo , el portavoz de la Plataforma Andaluza para la Defensa del Sistema de Dependencia, José Miguel Delgado, estima, en base a los datos ofrecidos por el Imserso, que hay más de 3.000 cordobeses ya valorados esperando que su prestación se haga efectiva.
Durante año y medio, el objetivo de la Junta, según la delegada del ramo, María Isabel Baena, ha sido "mantener el sistema, sin crecer, afrontando un recorte del presupuesto de 314 millones, para lo cual hemos congelado nuestra aportación y buscado fórmulas con las que garantizar el pago mensual a las empresas del sector para evitar su asfixia económica". De esta forma, aseguró, "nos hemos puesto al día en el pago, a excepción de dos meses que se les adeuda correspondientes al verano del 2012".
Desde principios de año, cuando en Córdoba hay 16.915 personas atendidas (unas 1.500 menos que antes del recorte), la Junta ha retomado la valoración de las personas dependientes con la idea de reactivar "lentamente", señaló Baena, la incorporación de nuevos dependientes al sistema, "haciendo que la tasa de reposición sea del 85%, lo que permitirá que la gran mayoría de las bajas que se produzcan en residencias o unidades de estancia diurna se sustituyan inmediatamente". En lo que respecta a las prestaciones económicas, que ya sufrieron en su día un recorte del 15% y la supresión de la cotización a la Seguridad Social, la Junta actuará del mismo modo, priorizando, en función de los informes de los trabajadores sociales, los casos en los que la situación social de las familias sea más grave cuando se produzcan bajas en el sistema.
Los últimos decretos aprobados por el Gobierno a finales del año pasado, abrieron otro frente, la incompatibilidad forzosa de más de una prestación (hasta ahora, era habitual que un usuario recibiera ayuda a domicilio y unidad de estancia diurna, por ejemplo) y la reducción obligatoria de las horas de ayuda a domicilio que se conceden a las personas dependientes en función del grado. Según Baena, para evitar que esa reducción de horas, "que se hará efectiva de forma progresiva en los próximos meses", se traduzca en pérdida de puestos de trabajo, la Junta pretende compensar las horas que se pierdan atendiendo a nuevos usuarios que están en lista de espera para este servicio. Eso no impedirá que las personas dependientes que ya están atendidas tengan ahora menos horas de ayuda (20 horas menos en cada tramo), pero "puede servir para evitar que las empresas que las atienden tengan que despedir a trabajadores, se calcula que unos 3.000 en la provincia", según Delgado.
En Córdoba, donde según los datos del Imserso hay más personas dependientes atendidas que en toda Extremadura o Aragón, se invierten en Dependencia una media de 600.000 euros al día, según Baena.
