La Junta de Andalucía ha presentado la Ley de Servicios Sociales de Andalucía a más de 200 profesionales y colectivos cordobeses del sector, una norma que según la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, "reconoce una amplia relación de derechos, como el de la persona a decidir su propia intervención y a disponer de un profesional de referencia, así como a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar”. La ley blindará las prestaciones básicas a las que podrá acceder la población andaluza, universalizará los servicios sociales y garantizará la titularidad y la gestión pública de los servicios sociales comunitarios.
La nueva ley sustituye a la norma vigente desde 1998 e incluye otros servicios novedosos considerados también derechos subjetivos como la historia social única digitalizada y una tarjeta social universal para cada persona dentro del sistema. Otro aspecto novedoso es la regulación de las cláusulas sociales, que deberán tenerse en cuenta en las adjudicaciones de contratos de gestión de servicios incluidos en el catálogo de prestaciones, priorizándose la iniciativa social.
Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, destacan los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; la teleasistencia; la atención en urgencia social; los servicios específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo; las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad; la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada, y las prestaciones ligadas a las situaciones de dependencia. Todos ellos podrán exigirse ante los tribunales de justicia. Además de éstos, la ley prevé otras prestaciones condicionadas a la disponibilidad de recursos.
