La Consejería de Salud de la Junta, el Consejo General de Colegios de Médicos y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos sellaron ayer una alianza "en defensa de la sanidad pública", documento de consenso que será remitido al Ministerio de Sanidad para que reconsidere la necesidad de devolver la "universalidad" al sistema sanitario público español, según apuntó la responsable de Salud del Gobierno andaluz, María José Sánchez Rubio. El frente común se materializó ayer en Córdoba en la Jornada Andaluza por el Futuro del Sistema Nacional de Salud, reunión en la que Sánchez Rubio puso de manifiesto que "la sanidad pública puede ser sostenible, mediante criterios de eficacia en la gestión y un mayor esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno central". La responsable de Salud apoyó que la sanidad pública siga siendo "universal, criterio que únicamente se mantiene en Andalucía, y que tras dejar de aplicarse en España no ha logrado grandes ahorros, sino problemas de salud".

El documento (firmado por la consejera y los presidentes de los Consejos General y Andaluz de Colegios de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín y Francisco José Martínez respectivamente) se marca como objetivos "adoptar medidas que refuercen la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, desde el punto de vista financiero, organizativo, de gestión y la sostenibilidad social, haciendo posible una práctica clínica basada en la evidencia científica y en la mayor satisfacción y motivación de los profesionales". Se pretende "impulsar un trabajo conjunto que permita que la sanidad pública andaluza y sus profesionales estén a la vanguardia de la innovación mediante la potenciación de la innovación del sistema". Respecto a la prescripción farmacéutica, Junta y médicos coinciden en que se precisan "políticas de contención del gasto sanitario, que exigen racionalidad en la incorporación de las últimas novedades terapéuticas, así como un mejor equilibrio en el binomio eficiencia-equidad". El documento reconoce que "el financiador del sistema sanitario en una sociedad de mercado tiene derecho y obligación a buscar el mejor precio de los recursos necesarios para responder a sus obligaciones. No hay argumento profesional contra procedimientos de competencia en la mejora de los precios de adquisición por medio de las herramientas de las leyes del mercado (lo que incluiría la subasta de medicamentos andaluza, recurrida por Sanidad), incluyéndose en este ámbito "la prescripción por principio activo y el uso de genéricos, asumiendo que no conllevan más riesgo para el paciente".