La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, ha dicho este miércoles que la Administración autonómica mantendá una "actitud conciliadora" ante la reclamación, por vía de apremio y con advertencia de que acudirá a los tribunales, que le ha planteado el Ayuntamiento de Córdoba para que le pague unos siete millones de euros en concepto de IBI, correspondiente a viviendas sociales.

En declaraciones a Europa Press, Ambrosio ha subrayado que la Junta "es parte interesada en que este asunto se resuelva", reconociendo que el Consistorio "está en su derecho" a reclamar el pago de dicho impuesto, "aunque se da la circunstancia de que ningún otro ayuntamiento" de la provincia se lo exige, precisamente porque se refiere a viviendas sociales que ha edificado la Junta en beneficio de "los que más están sufriendo la crisis".

Por eso, Ambrosio confía, en primer lugar, en que el Consistorio esperará, "hasta saber quiénes serán sus interlocutores de la Junta" en Córdoba, dado que el nuevo Gobierno andaluz recién constituido aún no ha definido cuál será su estructura en las diversas provincias andaluzas, incluida la cordobesa.

Tras eso, según ha subrayado, lo que buscará la Junta con este asunto "no será la confrontación con el Ayuntamiento, sino el entendimiento, para buscar juntos una solución, con un calendario de pagos, y también desde la comparativa de que, uno, el resto de ayuntamientos no están cobrando este impuesto a la Junta, y dos, ello se debe a que el IBI se refiere a viviendas sociales".