La delegada del Gobierno, Isabel Ambrosio, junto a la directora general de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado, Manuela Fernández, inauguraron ayer el encuentro de presentación y debate del anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana en Córdoba, en el que Ambrosio explicó que una de las señas de identidad del Gobierno regional en estos años ha sido "escuchar a la gente, atender sus demandas y prioridades y ser sensibles a las necesidades de las personas, ya que así se fortalece la democracia y adquiere un significado más completo".

En su opinión, "no podemos perder de vista que los que ejercemos un cargo de responsabilidad pública somos ante todo representantes de los ciudadanos". La delegada expuso que la futura norma de participación ciudadana "es un compromiso de la Junta en un momento donde la suma de voluntades, ideas e iniciativas de todas las partes encuentra un soporte adecuado que canaliza el trabajo conjunto de la sociedad civil".

Por su parte, Manuela Fernández explicó que "la nueva ley es un herramienta que permitirá acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, un texto ambicioso que aspira a ser un referente de la participación ciudadana". El anteproyecto de ley regula la ampliación de los derechos de participación y de las fórmulas de gobierno abierto y transparencia, posibilitando su ejercicio dentro de los límites del actual marco legislativo y haciéndolo extensible a los mayores de 16 años con vecindad en Andalucía. De acuerdo con el anteproyecto, se abren tres líneas fundamentales para hacer posible la intervención ciudadana en las decisiones de gobierno: las consultas participativas, los presupuestos participativos y la presentación directa de propuestas e iniciativas. En el foro han intervenido organizaciones sociales, plataformas de voluntariado y ciudadanos que, divididos en grupos de trabajo, han planteado propuestas y discutido soluciones. Los resultados se incorporarán al anteproyecto siempre y cuando estos se presenten formalmente como alegaciones. El plazo está abierto hasta el 30 de octubre, fecha en que concluye el periodo de información pública.