La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía abrió en Córdoba durante el año 2016 un total de 2.466 expedientes sancionadores a vehículos de transporte por carretera dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros, por no cumplir la normativa. Así lo ha destacado la delegada territorial de Fomento y Vivienda de la Junta en Córdoba, Josefina Vioque, quien ha detallado que, entre las sanciones más habituales, destacan las relacionadas con el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de carga, el incorrecto uso del tacógrafo, la vulneración de las condiciones del transporte privado complementario o la realización de desplazamientos sin la autorización correspondiente.
La detección de estas infracciones a la normativa del transporte por carretera de viajeros es posible, según ha precisado Vioque, gracias a que la Junta, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico, lleva a cabo miles de inspecciones, en el marco de las campañas de control y vigilancia que se realizan anualmente.
Vioque ha señalado que, «a través de estos controles, desde la Administración autonómica se garantiza que se cumplen las normas, realizando una labor preventiva encaminada a corregir los incumplimientos y prácticas desleales, lo que acaba redundando en seguridad vial para todos los usuarios de la red de carreteras».
El marco normativo que vela por la prestación de este servicio en condiciones de seguridad vial es la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, en la que se recogen sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros, si las infracciones son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves.
Estas operaciones de control y vigilancia, además de conllevar multas económicas, también pueden derivar en la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves para garantizar la seguridad vial, por ejemplo en el caso de excesos de carga o de tiempos.
