La plana mayor del área de asuntos sociales de la Junta de Andalucía, encabezada por la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, celebró ayer en la sede de la Asociación cordobesa de parálisis cerebral y otras afecciones similares (Acpacys) un acto político de promoción de la campaña Conquistando derechos. Horas después de que la consejera informara en el Parlamento sobre el desarrollo de la ley de Servicios Sociales de Andalucía, vino a Córdoba para difundir las bondades de esta norma y de otras dos también de corte social, la de Renta Mínima de Inserción y la de Atención a la Discapacidad. Antes del encuentro, el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, subrayó el interés por «mirar a los ojos a las personas» con este tipo de encuentros, haciendo hincapié en que las nuevas normas vienen a «blindar en forma de ley una serie de derechos subjetivos».
La secretaria de Servicios Sociales y Dependencia de la ejecutiva regional, Carmen Cuello, dijo que es «una apuesta de la Junta por los servicios sociales en momentos de crisis como este», mientras la consejera recalcó la intención de «priorizar la atención a las personas». El objetivo es «tener una estructura potente que impida que ante una situación de crisis la gente se vea sin unos derechos básicos o ingresos mínimos». Estas leyes vienen a «garantizar el acceso a una serie de prestaciones», insistió.
PROTESTA EN LA PUERTA
Un grupo de valoradores de la Dependencia, hasta hace poco funcionarios interinos de la Junta, esperaban a la consejera para protestar contra el concurso de méritos que ha sustituido a estos trabajadores por funcionarios de carrera, a los que, «se les ha ofrecido promocionar a empleos con mejores condiciones salariales». Denuncian que se les usó en la crisis y ahora se les deja en la calle.
