La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba ha condenado este jueves la agresión sufrida, este miércoles, por parte de dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, que depende de la Administración autonómica.

Desde la Junta y a través de un comunicado, además de condenar "enérgicamente este incidente" y expresar la "más absoluta repulsa" ante hechos de este tipo, se ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, a la vez que se ha querido manifestar su "respeto a la labor profesional de los forenses", cuyo papel considera "fundamental", ya que son los "encargados de auxiliar a jueces y magistrados", como peritos al servicio de la Administración de Justicia.

Así, desde la Delegación del Gobierno andaluz se ha señaladoque, "al margen de las competencias forenses en materia de patología (autopsias), los médicos forenses pasan diariamente consultas a ciudadanos incursos en procedimientos judiciales, a fin de valorar sus daños, lesiones o patologías, para informar a la autoridad judicial, como peritos al servicio de la misma".

Precisamente, este miércoles, durante el curso de una consulta en la sede del Instituto de Medicina Legal, ubicado en la avenida Gran Vía Parque, el padre de un menor que estaba siendo atendido en estas instalaciones agredió a dos médicos forenses, al que atendía al menor y a otro que intentó mediar en la disputa.

El agente de la Guardia Civil que prestaba servicio de seguridad en el IML, ante esta situación avisó al Cuerpo Nacional de Policía, cuyos efectivos redujeron al hombre y lograron que depusiera su actitud, siendo entonces detenido y conducido a la Comisaría, para ser puesto a disposición judicial.

Los médicos forenses que sufrieron la agresión han sido llamado a declarar en un juicio rápido en el Juzgado de Guardia de la capital cordobesa este jueves, derivándose el asunto al Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba, que dictará sentencia en breve. El presunto agresor podría ser condenado por un delito de atentado conforme a la reciente reforma del Código Penal.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba ha expresado también su "más firme rechazo" a la agresión, considerando el sindicato "totalmente injustificadas" este tipo de actitudes, que reflejan "la gran desprotección que padecen los trabajadores públicos".

Por ello y a través de un comunicado, el Sector de Justicia de CSIF en Córdoba ha pedido a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía "que incremente las medidas de seguridad para evitar estos episodios", como el ocurrido este miércoles, "cuando el trabajador atacado, en el transcurso de una consulta, solicitó una documentación a la persona que estaba siendo atendida. En ese momento, comenzó una discusión que derivó en insultos, amenazas y en una agresión por parte de un acompañante de la persona citada".