La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba ha constituido un comité de investigación interna para situaciones de acoso laboral o sexual en la Administración sanitaria, compuesto por profesionales de Atención Primaria, especializada y del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), con el cometido de garantizar la protección de los empleados públicos, así como la prevención y erradicación de situaciones de acoso.
La delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Isabel Baena, ha presidido ese miércoles la constitución de este órgano, que ya ha iniciado su actividad, de forma que, a partir de ahora, cuando se reciba una denuncia por alguna de estas causas discriminatorias será trasladada al citado comité, que se encargará de su tramitación, desarrollar una investigación, designar a la persona mediadora, cuando se considere oportuna su intervención, elaborar un informe concluyente y, por último, proponer las medidas que se deben adoptar.
Con la creación de este comité se da cumplimiento a lo establecido en el protocolo de intervención de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación. Esta guía de actuación fue aprobada recientemente por la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.
Por medio de este acuerdo se pretende garantizar el trato en igualdad y respeto de todo el personal, mejorar las condiciones laborales del personal, elevar el nivel de protección de la seguridad en el trabajo y favorecer la detección precoz de estos comportamientos. Se trata de establecer mecanismos que permitan además diferenciar los diferentes tipos de acoso (laboral, discriminatorio, sexual, etcétera) y garanticen la correcta aplicación de este protocolo.
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
El nuevo marco regulador establece que tras la presentación de la denuncia se realizará una valoración inicial de la solicitud, pudiendo, previo acuerdo de las partes, acudirse a la mediación. Posteriormente se inicia una investigación, que debe desarrollarse con la mayor rapidez y confidencialidad de las personas implicadas y, transcurrido como máximo un mes, el comité emitirá un informe de conclusiones que trasladará a la jefatura de personal.
En el plazo máximo de cinco días, la jefatura de personal dictará resolución acorde con las medidas planteadas por el comité, que será notificada a las personas implicadas, así como a las distintas unidades de prevención.
La aplicación de este protocolo se suma al esfuerzo realizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en la prevención de los riesgos laborales a través de iniciativas como el Programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo, el Plan de Prevención y Atención a Agresiones o la progresiva implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (Sigpre) en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) conforme al estándar de certificación internacional Ohsas 18001-2007.
