El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco Algar, afirmó ayer que «espero que no genere perjuicio económico» la solución que se adopte para permitir el impulso de una zona comercial en Rabanales 21. Esta declaración llega después de que el secretario del Consistorio, Valeriano Lavela, ha alertado de que reiniciar los trámites para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puede dar lugar a la exigencia de responsabilidad patrimonial e incluso de indemnizaciones por parte del promotor o del parque científico tecnológico.
Hay que recordar que la evaluación ambiental que, según la Junta, tiene que realizarse debe ser previa al proceso para innovar el PGOU. Entre otras ideas, Lavela no cree ajustado a derecho exigir con carácter retroactivo este estudio, pero Algar reiteró que «entendemos que hay que hacerlo y debe ser la evaluación ambiental estratégica simplificada». Sin embargo, también señaló que «nuestro informe es preceptivo y no vinculante, puede ser que estemos equivocados. Si el Ayuntamiento tiene otro criterio, puede hacer lo que ellos decidan».
