La Junta ha dado luz verde a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que permitirá que las parcelaciones que están en suelo urbano y urbanizable puedan optar por adelantado a los servicios básicos sin necesidad de tener que esperar a culminar el proceso de legalización. El Consejo de Gobierno acordó ayer dar el visto bueno a la proposición de ley que han suscrito todos los grupos parlamentarios para que las viviendas que son primera residencia que se encuentran en asentamientos con plan parcial aprobado obtengan agua, luz y saneamiento sin llegar a la fase más compleja de la regularización, los proyectos de reparcelación y de urbanización. Esa dotación de servicios será provisional para que continúe el proceso de legalización. Tras el paso dado ayer, ya solo queda que el Parlamento apruebe la modificación de la ley, trámite que se espera para el próximo mes, y que el Boletín Oficial de la Junta publique el texto, tras lo que entrará en vigor.

El adelanto provisional de servicios beneficiará, sobre todo, a Córdoba capital, a Chiclana (Cádiz) y a Carmona (Sevilla), según explicó ayer el portavoz del Ejecutivo andaluz, Juan Carlos Blanco. Según las estimaciones de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba, un total de 21 parcelaciones que están en suelo urbano o urbanizable de la capital tendrán la posibilidad de acogerse a la medida cuando entre en vigor. Cuantificar las viviendas es más complejo, ya que hay algunas que ya tienen servicios básicos, otras que tienen las infraestructuras al lado y podrán engancharse con facilidad, y otras que no tienen las redes próximas y que tendrán más dificultades para conseguirlo. A raíz de las demandas vecinales, canalizadas por la comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano, la Gerencia de Urbanismo hizo una propuesta de adelanto de servicios básicos a la Junta, que esta no aceptó, aunque realizó otra que es la que se ha aprobado y que incorpora parte de los planteamientos que ha hecho IU.

En la información que facilita la Junta tras los acuerdos del Consejo de Gobierno, esta explica que la nueva norma «dará seguridad jurídica a los titulares de las edificaciones para los que una reforma legal abrió en el 2016 la posibilidad de incorporarlas al proceso urbanístico de los municipios, aunque sin las medidas transitorias de acceso a suministros básicos de electricidad, agua y saneamiento que sí se aplicaron a las edificaciones aisladas situadas en suelo no urbanizable». Con este cambio, se extienden las medidas, «en las mismas condiciones y plazos» (dos años), a los asentamientos y «se asegura la igualdad de derechos». La proposición plantea cambiar la Ley 1/2016, de agosto de ese año, que ya modificaba la LOUA, introduciendo un nuevo apartado a su disposición adicional cuarta mediante el que da vía libre a los ayuntamientos a dar servicios a los asentamientos incluidos en el PGOU. La Junta recuerda que los requisitos que han de cumplirse son que las viviendas sean primera residencia, que haya prescrito el plazo de restitución de la legalidad urbanística, que tengan más de seis años de antigüeda y que no estén en zonas inundables y protegidas.

El problema de la modificación de la LOUA aprobada en el 2016 es que en Córdoba no ha tenido aplicación práctica. La peculiaridad de la capital es que, exceptuando las parcelaciones incluidas en el PGOU, la mayoría de las no urbanizables están en zonas protegidas o inundables.