La Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta se ha pronunciado sobre la paralización que sufre el proyecto comercial de Rabanales 21 tras el informe que emitió en diciembre y que avisa de que el uso pretendido está prohibido en la zona y que es necesario un estudio medioambiental. La Junta asegura que «en ningún caso bloquea este proyecto», sino que solo «verifica las condiciones de la modificación» de PGOU que se está tramitando y realiza sus advertencias para que Urbanismo resuelva «sin que se produzcan vulneraciones de la legislación urbanística». Además, deja claro que «todo lo indicado en el informe es subsanable» y que en ello está trabajando con Urbanismo, «que es la competente para impulsar y aprobar, en su caso, el instrumento urbanístico».

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recuerda que el informe sobre la innovación del PGOU iniciada por Urbanismo en el 2014, y aprobada provisionalmente en septiembre pasado, «es preceptivo y no vinculante», aunque señala que «cuando se aprecia un incumplimiento de la legalidad vigente, como es un uso expresamente prohibido por el propio PGOU», es «obligación de la Junta ponerlo en conocimiento de las instancias superiores» para que lo tengan en cuenta «si se continuara el expediente». La delegación explica que el principal problema «radica en que el uso» (el comercial) «va contra el PGOU y, por tanto, no se debe aprobar», ya que hay una innovación del 2005 (Ciudad de Levante) que permite el uso comercial pero solo al servicio del parque.

La Junta aclara que la subsanación (que consiste en modificar un artículo de la innovación del 2005) no estará resuelta en un mes, como aseguró el martes el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, a cuyas declaraciones responde. La modificación de un artículo del PGOU que imposibilita el uso comercial en la parcela del parque tecnológico afectada necesitará más tiempo, ya que» aunque solo sea por el trámite de información pública, ya conlleva más de un mes de plazo, más los informes sectoriales y acuerdos de aprobación».

La Junta asegura que no actúa «de forma sesgada», sino que se mueve por «objetivos de legalidad y garantía» para que los proyectos salgan adelante. La Junta asegura que «no puede ignorar las advertencias de cumplimiento de la legalidad por motivos de oportunidad» y que su informe no es «mal intencionado», sino que está elaborado «desde la más estricta profesionalidad y lo único que se pone de manifiesto son los errores en la tramitación».

La Junta considera «partidistas» las declaraciones de Bellido, que, además, pueden contribuir a «paralizar el proyecto». Además, está convencida de que «si hay algún responsable de la situación» del proyecto, «es el mismo PP, que aprobó inicialmente la modificación con desprecio absoluto a la normativa de aplicación, que no es otra que el propio PGOU». Por ello, indica que «cualquier retraso y puesta en peligro del proyecto corresponde al PP».

El PP propuso el martes ignorar el informe y ofreció sus votos en Urbanismo y el Pleno para continuar con la innovación del PGOU, propuesta que la Junta considera «un regalo envenenado». Medio Ambiente y Ordenación del Territorio concluye señalando que el PP «quiere hacer buena la tramitación de una innovación que se inició en su mandato ignorando la legalidad, poniendo al actual equipo de gobierno en la tesitura de aprobar indebidamente sin estar conforme a la legalidad».