El delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, ha realizado una serie de valoraciones, en relación con el informe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Córdoba sobre el incendio ocurrido en las instalaciones de Recicor XXI.
Algar ha afirmado que, en todo caso, como indica el informe del SEIS, "el Plan de Autoprotección debe acompañar a los restantes documentos necesarios para el otorgamiento de la licencia necesaria para el comienzo de la actividad, y es en dicho trámite de obtención de licencia municipal, en el que deberían haberse evaluado las medidas contenidas en el referido Plan, no correspondiendo por tanto a la Delegación Territorial de Medio Ambiente pronunciarse sobre el Plan de Autoprotección".
Asimismo, ha indicado que "en el marco de la investigación que se está realizando en la Delegación Territorial de Medio Ambiente sobre posibles incumplimientos, si se estima necesario, se solicitará informe más detallado al SEIS en relación con el tipo de residuos, peso de los mismos o procedencia, entre otras cuestiones".
AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA
En cambio, Algar ha resaltado que "en relación con los incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada que se ponen de manifiesto en el informe del SEIS, corresponde a la Delegación Territorial de Medio Ambiente valorar tales incumplimientos, no a otras Administraciones".
El informe hace referencia a la Autorización Ambiental Integrada que la Junta de Andalucía otorgó en 2009 a la empresa Recicor XXI, S.L, sin tener en cuenta las posteriores modificaciones que ha sufrido dicha autorización inicial, ampliándose la lista de residuos a gestionar.
Esta Autorización se concedió en principio para la gestión de residuos de construcción y demolición, para el tratamiento en planta y vertedero para rechazos. Como resultado del tratamiento, mezclados con los escombros, o como consecuencia del mantenimiento de las instalaciones, la Autorización Ambiental Integrada del 2009 contemplaba la posible generación de residuos peligrosos, siendo dicha producción inferior a 10 toneladas anuales, límite a partir del cual tendría la consideración de gran productor de residuos peligrosos. En cualquier caso, estos residuos peligrosos de ningún modo son depositados en vertedero, sino que se almacenan en condiciones adecuadas para su posterior entrega a gestor de residuos peligrosos autorizado.
El delegado ha destacado que "en vista de lo anterior, la afirmación de que se ha sobrepasado la cantidad anual de plásticos admisibles en el vertedero no es correcta, se está confundiendo los posibles residuos peligrosos generados en las instalaciones, con los plásticos y otros residuos admisibles en el vertedero, que en cualquier caso, no tienen la condición de residuos peligrosos, y que proceden de otras instalaciones de tratamiento".
La Autorización Ambiental Integrada inicial ha sido modificada en varias ocasiones, como se ha indicado, y sustituida en 2013. En esta última, se contempla la ampliación del vertedero, desde 75.000 metros cúbicos, que era la capacidad autorizada en 2009, hasta 1.295.000 metros cúbicos, en sucesivas fases, para una vida útil prevista de 13 años, así como se modifica la lista de residuos admisibles en las instalaciones.
Como consecuencia de estas modificaciones, son admisibles en las instalaciones para su depósito en vertedero, sin límite de cantidad, residuos no peligrosos procedentes de otras instalaciones de tratamiento de residuos tales como residuos procedentes del tratamiento mecánico de residuos, incluidas mezclas de materiales, plástico y caucho.
Algar ha subrayado que "se entiende que los residuos de esta naturaleza son los que se han visto afectados por el incendio, a expensas de lo que resulte de la investigación".
TRABAJOS REALIZADOS
El delegado ha declarado que "actualmente, por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, se está evaluando si se ha cometido alguna irregularidad en el depósito de residuos en vertedero, así como que se han girado visitas a la empresa, y se está analizando toda la información obrante en la misma, por si pudieran haberse producido irregularidades en la explotación de las instalaciones con posterioridad a la inspección realizada en 2016, que hayan podido contribuir a las causas del incendio o en las consecuencias del mismo".
Del mismo modo, se ha iniciado expediente de actuaciones previas al objeto de determinar si los hechos son constitutivos de alguna infracción administrativa cuyo conocimiento sea competencia de la misma, así como quién o quiénes pudieran resultar responsables de los mismos. Del resultado de esto, se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas, como posibles sanciones, retirada temporal o definitiva de la autorización, clausura de las instalaciones, entre otras cuestiones.
Algar ha informado "que se ha comprobado en visitas por parte de técnicos de la delegación, que la actividad de eliminación de residuos en vertedero está paralizada por la empresa, estando pendiente de una nueva modificación para la explotación de una nueva celda".
Para resolver esta modificación, es preciso determinar previamente las causas que han dado origen al incendio, identificar y cuantificar exhaustivamente los residuos que se encontraban depositados en la celda, cuantificar el daño producido en las infraestructuras de la planta como consecuencia del incendio, y establecer medidas de prevención y control a adoptar para evitar el posible vertido de lixiviados, y la consiguiente posible contaminación del suelo debido a la rotura de la lámina impermeable, en tanto se haya procedido a su reparación.
Para concluir, el delegado ha señalado que "el Ayuntamiento de Córdoba ha tenido información de la documentación técnica contenida en el expediente de la Autorización Ambiental Integrada y en la modificación sustancial de la misma, así como de todas las resoluciones emitidas por la delegación de Medio Ambiente sobre las instalaciones de la empresa Recicor".
